Revisando El Pulso del 15 de diciembre pasado me encontré con una entrevista a la Sra. Bernardita Piedrabuena, representante del Poder Ejecutivo para la discusión del proyecto que reforma la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, más conocida como ley de protección de datos.
Como más de alguno sabrá, Chile no cumple con los estándares internacionalmente aceptables de protección de datos de las personas, por lo que desde hace muchos años (fue promesa de campaña del Gobierno de Lagos y también del primer mandato de Bachelet), que viene hablándose de la necesidad de una reforma radical.
La entrevistada asegura que el asunto ya está terminándose de discutir en el Senado, que ahora el proyecto de ley cumple con los estándares OCDE, UE e Iberoamericanos, que existirá una Agencia de Protección de Datos a cargo de una autoridad independiente distinta del Consejo para la Transparencia y, cuando haya conflictos de derechos entre la transparencia y la protección de datos, los resolverán los tribunales de justicia.
Si lees la noticia sin conocer el contexto, podrías llegar a tener la impresión de que se trata de un proyecto relativamente reciente, que se le ha impulsado con decisión y que todo lo que se puede hacer a estas alturas es terminar su tramitación en el Senado y dejarlo ingresado a la Cámara de Diputados y que después Dios proveerá.
Pero es una mentira grosera. O una presentación de los hechos reacomodados bajo el signo de la posverdad.
La realidad es que, inmediatamente después de iniciado el Gobierno de la Presidenta Bachelet, la Subsecretaria de Economía Katia Trusich llamó a una consulta pública sobre el tema, luego consultó a expertos y actores relevantes, después creó formalmente un Consejo de la Sociedad Civil sobre Protección de Datos (tras su salida del cargo, nunca más fue convocado) y a los 6 meses ya había un anteproyecto de ley consensuando entre todos los actores del mercado, de la academia y de la sociedad civil y que cumplía a cabalidad con los estándares internacionales en la materia (aunque no se difundió públicamente a la espera de la aprobación presupuestaria).
Pero el anteproyecto, que pudo haber sido la contribución más significativa en el avance de los derechos fundamentales del Gobierno de Bachelet, fue bloqueado antes de presentarse al Congreso Nacional principalmente por el renunciado Ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, a través de un asesor de arrojada ignorancia (no recuerdo su nombre), quien se coordinaba con el Ministerio de Hacienda.
En septiembre de 2014 el anteproyecto de ley salió desde Economía a Hacienda, pues requería del cálculo de costos asociados a la nueva institucionalidad (y ver la disponibilidad presupuestaria, desde luego), pero no fue lo que ocurrió, si no que el Ministerio de Hacienda lo ocultó y retuvo por más de 2 años, principalmente porque su falta de competencia técnica en la materia le hacía temer, injustificadamente, que la eventual y futura ley afectaría algunos de los privilegios de que gozan, entre otros, la Unidad de Análisis Financiero y el Banco Central respecto de los datos económicos y financieros de las personas.
Finalmente el Ministerio de Hacienda consideró, en la infinita sapiencia que concede el manejo de la billetera, que el tema de protección de datos no era una cuestión de derechos fundamentales ni correspondía su conocimiento a Economía (¡ni al Ministerio de Justicia!), sino que a ellos mismos, rehaciendo todo el anteproyecto de ley (cuestión que no le competía) y propugnando la creación de una Autoridad de Protección de Datos Personales estrechamente comprometida con el Ministerio de Hacienda (al que incluso asesoraría y rendiría informes).
Cuando las modificaciones le parecieron suficientes enviaron el proyecto de ley para que lo anunciara públicamente la Presidente de la República en marzo de 2017, esto es, cuando ya no quedaba tiempo para tramitarlo completamente en el Congreso Nacional; el proyecto tenía ahora tanto algunas positivas adiciones propias de la evolución del tiempo que había pasado desde el 2014 como asimismo una serie de defectos que lo hacían incompatible con los estándares que pretendía asumir, pero que poco importaban ya en ese momento porque podían llegar a corregirse en la discusión parlamentaria.
Posteriormente, y coincidiendo con el traslado al Ministerio de Economía de la Sra. Piedrabuena, el proyecto de ley ya en discusión volvió a control de éste, que a partir de ese momento se coordinaría con Hacienda para efectos de su tramitación parlamentaria.
Como consecuencia de todo lo reseñado, la iniciativa legal de lo que pudo ser el más sustancial avance en derechos de las personas de la última década, en vez de ser hoy ley de la república, recién está en el primer trámite constitucional en el Senado, no ha llegado aún a la Cámara de Diputados y, además, quedará sujeto a los criterios del nuevo Gobierno que asume en marzo de 2018. Y como en Chile se refunda la república cada vez que hay elecciones presidenciales, es dudoso que la iniciativa de ley presentada en un Gobierno anterior sobreviva con éxito al cambio del Ejecutivo.
¿Y qué nos llevó a este momento?. Tristemente, varias cosas: la falta de voluntad política, la desconfianza del Gobierno en la sociedad civil, la incapacidad técnica de los asesores ministeriales, la falta de transparencia respecto de lo que pretendía hacerse y también el personalismo de quienes capturaron el proyecto de ley para sí, anteponiendo sus gustos e intereses y sacrificando la expectativa de una mejora en los derechos de los chilenos.