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El Ministerio Público contra la ley de protección de datos personales

Como seguramente el lector ha oído, Chile necesita modernizar su legislación sobre protección de datos personales, tanto para sea considerada adecuada por los demás países del mundo (principalmente la Unión Europea, Japón, Suiza, Canadá y una docena más) y nos permitan entrar a sus mercados de servicios, como también para proteger a nuestros propios ciudadanos frente al tratamiento abusivo de sus datos personales por parte de empresas e instituciones.

Hubo tantos intereses comprometidos (y lobistas sin escrúpulos) que la modernización de la ley tomó décadas, pero aparentemente ya estábamos a días o semanas de que el proyecto concluyera su tramitación en el Congreso Nacional.

Pero en la sesión del 12 de diciembre de 2023 ocurrió algo singular: el Ministerio Público se apersonó en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y, en vez de exponer su posición sobre el proyecto de ley, solicitó que la sesión fuera secreta, porque se iba a entregar información sobre investigaciones en curso. Y cortaron la transmisión. Leer más

Sobre el para qué sirve una autoridad de protección de datos y de porqué intentamos engañar a la Unión Europea

Hace años atrás, la Unión Europea nos preguntaba insistentemente qué estábamos haciendo, como país, para proteger los datos personales de nuestros ciudadanos.

Por supuesto, la pregunta no era desinteresada pues, dependiendo de nuestra respuesta, podríamos ser considerados un país confiable a la hora de hacer negocios que involucraran transferencia internacional de datos de ciudadanos europeos a Chile (y viceversa), o no.

En su momento, lo que hicimos fue mentir: les dijimos que teníamos una maravillosa ley de protección de datos, con principios y derechos calcados de la normativa europea (lo que era cierto) y que cualquier ciudadano que se sintiera vulnerado en sus derechos por un tratamiento abusivo de sus datos, podía recurrir a la justicia ordinaria, que es como se hacen las cosas en un Estado de Derecho, sabiendo que en realidad la generalidad de las personas en Chile no puede permitirse contratar asesoría jurídica.

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Publicación de datos sensibles por SERVEL y violación de derechos fundamentales: ¿quiénes son los responsables, y de qué?

Como es de público conocimiento, hasta el mediodía del pasado jueves 28 de abril el Servicio Electoral de Chile (SERVEL) mantuvo publicado en Internet, para libre descarga, una base de datos con los datos personales de los cerca de 15 millones de electores habilitados para votar en las pasadas elecciones municipales.

Ella contenía, además de los nombres de los electores, información tal como la militancia política de los mismos, edad, sexo, pertenencia a pueblos originarios y número de RUT.

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¿Cómo formarse profesionalmente en protección de datos personales por muy poco dinero?

Hasta hace muy poco, la protección de datos personales era un tema que a nadie importaba, pero con ocasión de reformas legislativas, actualmente existe una amplia demanda por parte de las profesiones jurídicas en adquirir conocimientos y formación en el ya antiguo tema de la protección de datos personales, y también en lo que se ha venido en llamar derechos digitales.

Sin embargo, uno de los problemas para iniciar esa aventura es que los programas de formación disponibles en Chile son caros, con aranceles que llegan a los $2.000.000, que no tienen garantía de contratación inmediata, que exigen una importante dedicación de tiempo y, adicionalmente, solo te entregan una titulación de diploma. Leer más

Captura masiva de datos personales por Subtel y su aprobación por el Consejo para la Transparencia

Lo primero que me gustaría que el lector tuviera presente es que en junio de 2018 se modificó nuestra Carta Magna para establecer que, a partir de ese momento, la Constitución Política asegura a todas las personas el derecho a la protección de datos personales, que cobra el carácter de fundamental.

¿Por qué tuvo que ser protegido de esa manera? Porque debido al desarrollo de las tecnologías de la información, crecientemente las personas estaban siendo víctimas de abusos: “alguien” creía saber “algo” de ellas, y tomaba una decisión a su respecto; no se sabía de qué información se trataba, ni quien tomaba las decisiones, pero los duros hechos revelaban que, arbitrariamente, a las personas se les despedía de sus trabajos, se les negaban créditos, las ISAPRES alegaban “preexistencias” imaginarias y un largo listado de sinsabores. Leer más

Derecho a la salud vs. protección de datos personales: una polémica artificial

Desde hace semanas cobra fuerza un debate singular: aquel que, con ocasión de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, contrapone el derecho a la salud frente al derecho a la protección de datos personales, dicotomía alimentada tanto por los activistas de la protección de datos, que en su performance lanzan alaridos de horror ante cualquier limitación a dicho derecho, como también por los abogados de las grandes empresas tecnológicas, como Google, que con la desfachatez que les es usual, apuntan a una supuesta sobrerregulación legal como causa de los obstáculos para combatir la pandemia.

Se trata de un debate falso y con argumentos artificiales centrados en la mirada parcial del sistema jurídico. La verdad es que no existe una contradicción entre ellos o, dicho de otra forma, no es que haya que sacrificar a uno en beneficio del otro: ambos se encuentran insertos dentro del mismo sistema jurídico y, lo que no hay que hacer, es circunscribir la discusión a una ley específica o a un Código determinado, sino que hay que interpretar sistemáticamente todo nuestro ordenamiento jurídico. Leer más