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El futuro de la ley chilena de protección de datos

Como sabéis, el día viernes 25 recién pasado en Santiago se realizó, por la Unión Europea, un seminario con motivo de la entrada en vigencia de su Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), llamado a constituirse en un estándar transfronterizo en la materia. En realidad ese día se realizó este evento en 3 lugares del mundo: Bruselas, Nueva Delhi y Santiago de Chile, pues todo indica que somos uno de los países prioritarios para la Unión Europea.

Tal vez la razón de ello es que nuestro país suscribió un tratado internacional vigente, el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, que dice textualmente en su Artículo 202 “Las Partes acuerdan otorgar un elevado nivel de protección al procesamiento de datos personales y de otra índole, compatible con las más altas normas internacionales”. Leer más

El rapto del proyecto de ley de protección de datos personales

Hay días en que las noticias son tristes, pero cuando afectan innecesariamente los derechos fundamentales de las personas, también son amargas.

Se los explico en detalle: como ustedes bien saben, hace mucho que los países descubrieron que el procesamiento automatizado de datos personales y el tráfico de los mismos, destruye el sistema de derechos fundamentales, haciendo vulnerables a las personas en su día a día.

¿Cómo ocurre eso?. Pues simple: de poco o nada sirven los derechos de las personas establecidos en forma grandilocuente en las Constituciones Políticas si determinadas personas, empresas e instituciones, gracias a la informática y el tráfico de los datos personales o una conexión a Internet, creen saber algo de ti y toman una decisión arbitraria a tu respecto. Entonces, ¿de qué sirve tener el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda o a la educación si cualquiera, creyendo saber algo de ti (que no te dice qué es ni de donde lo obtuvo), y aprovechándose de una legislación defectuosa, declina contratarte, te rechaza en la Isapre, decide no arrendarte un lugar para vivir o no permitir que tus hijos ingresen a un colegio?. Leer más

Chile y el derecho al olvido

Hace algunos días, y haciéndose eco de una discusión de otro continente, un grupo de senadores presentó un proyecto destinado a reconocer en nuestro país el “derecho al olvido”.

¿Es un derecho nuevo?.

No, en absoluto. De hecho ese derecho ya existe en nuestra tortuosa ley de “protección de la vida privada” (no se engañe, no crea usted que le va a proteger de algo), aunque no tiene ese nombre y no es otra cosa que el derecho de obtener de quien controla algún determinado dato personal nuestro, su eliminación.

Me explico: aunque no lo crea, usted tiene el derecho a decidir qué datos de sí mismo pueden divulgarse y la forma en que pueden ser utilizados. La única forma de “saltarse” su autorización es que exista una ley que así lo establezca. Por ejemplo, los datos sobre ciertos tipos de deudas son tratados y comercializados por empresas, como DICOM, solo porque la ley le permite hacerlo sin nuestro consentimiento. Leer más

El Estado y la protección de datos de comunicaciones. Visita del Prof. Dr. Wolfgang Zankl.

El 23 de noviembre de 2009 dictó una conferencia en la Universidad Adolfo Ibáñez el Prof. Dr. Wolfgang Zankl, del Instituto de Derecho Civil de la Universidad de Viena, quien abordó temáticas relativas a la protección de datos, la libertad en las comunicaciones y la seguridad del Estado.

En concreto, se refirió a la Directiva de Europa sobre la conservación de datos generados en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público (Directiva 2006/24/CE), y sus evidentes peligros para el sistema de libertades y de derechos fundamentales, ejemplificando lo crítico del asunto con la vigilancia de la ubicación espacial de los teléfonos móviles, lo que permite reconstruir todo el entramado de relaciones sociales de las personas, obteniendo perfiles detallados de cada una de ellas.

Sostiene Zankl, y no creo que haya disidencias al respecto, que una medida de tanta entidad como la aplicación de medidas de revisión de los datos generados por las comunicaciones de las personas, debería reservarse para la persecución de delitos terroristas, y no de los delitos en general como ocurre en la práctica. Lo anterior es consecuencia precisamente de una falencia de la Directiva: ella tiene por objeto manifiesto la persecución de delitos graves, pero no define cuáles son, lo que se traduce en que cada país interprete a su arbitrio el asunto. Leer más