Como es de público conocimiento, hasta el mediodía del pasado jueves 28 de abril el Servicio Electoral de Chile (SERVEL) mantuvo publicado en Internet, para libre descarga, una base de datos con los datos personales de los cerca de 15 millones de electores habilitados para votar en las pasadas elecciones municipales.
Ella contenía, además de los nombres de los electores, información tal como la militancia política de los mismos, edad, sexo, pertenencia a pueblos originarios y número de RUT.
Lo primero que me gustaría que el lector tuviera presente es que en junio de 2018 se modificó nuestra Carta Magna para establecer que, a partir de ese momento, la Constitución Política asegura a todas las personas el derecho a la protección de datos personales, que cobra el carácter de fundamental.
¿Por qué tuvo que ser protegido de esa manera? Porque debido al desarrollo de las tecnologías de la información, crecientemente las personas estaban siendo víctimas de abusos: “alguien” creía saber “algo” de ellas, y tomaba una decisión a su respecto; no se sabía de qué información se trataba, ni quien tomaba las decisiones, pero los duros hechos revelaban que, arbitrariamente, a las personas se les despedía de sus trabajos, se les negaban créditos, las ISAPRES alegaban “preexistencias” imaginarias y un largo listado de sinsabores. Leer más
El año 2010 escribí una columna, publicada por el diario “El Mostrador”, en que denunciaba que, en nombre de la transparencia pública, el Consejo para la Transparencia había optado por transgredir el tenor literal de la ley electoral a fin de entregar a todos los interesados (la banca y las compañías de seguros, entre ellos) los datos electorales de los chilenos, incluso los denominados sensibles, que son aquellos respecto de los cuales su solo conocimiento por el público, permite practicar discriminaciones arbitrarias respecto de las personas, como son los datos sobre discapacidades.
Ahora el Consejo para la Transparencia ha dado un paso más allá, pasando derechamente a la voluntariedad política, pues aun cuando proclama a los cuatro vientos que ella es una institución que se ocupa de proteger los datos personales de todos los chilenos (los que están en poder de la Administración Pública), no está dispuesto a cumplir ese rol si con ello tocan a una autoridad política de su preferencia.
Considero justo decirles que originalmente este texto lo iba a titular «El Consejo para la Transparencia y sus recomendaciones de mierda», pero con el correr de las horas preferí sacrificar esa verdad en el altar de la corrección política.
El tema de fondo de esta columna tiene relación con mi indignación por el provecho que se ha pretendido sacar de cierta noticia cuyos detalles probablemente no les son desconocidos: desde el año 2017 existe una aplicación informática para teléfonos móviles llamada FaceApp que, gracias a técnicas de Inteligencia Artificial y trabajando sobre fotografías de personas, simula predecir cómo serás de viejo, cómo fuiste de joven, cómo te verías si fueras de otro sexo, y también mostrar al fotografiado con diversos cambios de estilo (con y sin cabello, barba, anteojos, sonrisas, etcétera). Leer más
Como sabéis, el día viernes 25 recién pasado en Santiago se realizó, por la Unión Europea, un seminario con motivo de la entrada en vigencia de su Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), llamado a constituirse en un estándar transfronterizo en la materia. En realidad ese día se realizó este evento en 3 lugares del mundo: Bruselas, Nueva Delhi y Santiago de Chile, pues todo indica que somos uno de los países prioritarios para la Unión Europea.
Tal vez la razón de ello es que nuestro país suscribió un tratado internacional vigente, el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, que dice textualmente en su Artículo 202 “Las Partes acuerdan otorgar un elevado nivel de protección al procesamiento de datos personales y de otra índole, compatible con las más altas normas internacionales”. Leer más