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Cuando el algoritmo discrimina sin decirlo: la nueva frontera de la desigualdad

Hay una pregunta que parece, a primera vista, más filosófica que jurídica: ¿puede una máquina ser injusta?

Algunos responderán que todo depende de cómo haya sido programada. Otros sostendrán que no, porque una máquina no tiene prejuicios: solo procesa datos y produce resultados, lo que suena, por definición, objetivo.

Sin embargo, esa intuición comienza a desmoronarse cuando observamos cómo funcionan realmente muchos sistemas de inteligencia artificial. No toman decisiones en el vacío: aprenden de datos históricos, identifican patrones y los proyectan hacia el futuro. Y ahí aparece el problema.

Si los datos reflejan desigualdades del pasado, el sistema no las corrige. Las aprende. Y, en muchos casos, las reproduce. Leer más

Ya no basta con ver: el documento audiovisual en tiempos de la inteligencia artificial generativa

Durante décadas el Derecho asumió algo que casi nunca necesitó explicar: si hay un video, probablemente lo que muestra realmente ocurrió. Como consecuencia, la imagen —la foto, el audio, el registro de cámara— fue tratada como una extensión confiable de la realidad. Podía ser incompleta o ambigua, pero nadie dudaba de que registraba algo que había pasado de verdad.

Pero hoy ese supuesto ya no se sostiene.

La inteligencia artificial generativa puede fabricar, en minutos, un video en alta definición donde una persona reconocible confiesa un delito que no cometió, amenaza a alguien, o aparece en un lugar donde jamás estuvo.

No hablamos de montajes toscos ni de efectos especiales de película. Hablamos de piezas que reproducen la voz, los gestos, los movimientos faciales y la iluminación del ambiente con un realismo capaz de engañar incluso a quienes saben que podrían estar viendo una falsificación (¿Han visto el maravilloso deepfake de Lola Flores en una publicidad de cerveza?).

Esto no es un problema tecnológico. Es un problema jurídico-procesal. Leer más

De porqué necesitamos llegar a China con fibra óptica

La semana pasada una noticia irrumpió: el Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó que tres funcionarios chilenos habían sido sancionados con el retiro de sus visas para ingresar a ese país.

No se informó públicamente quiénes eran. Sin embargo, la descripción resultaba elocuente: ellos habían “dirigido, autorizado, financiado, brindado apoyo sustancial y/o llevado a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

Traducido al lenguaje político real, la medida no apunta a conductas delictivas, sino a decisiones estratégicas de Chile en materia de infraestructura digital. Y el trasfondo es evidente: el proyecto de consolidar a Chile como un hub digital de Latinoamérica, conectado directamente con Asia —y particularmente con China— mediante fibra óptica submarina. Y los intentos de dificultarlo por parte de terceros paises. Leer más

Manual práctico para aprobar el nuevo examen en línea para ser notario, sin saber nada

¿Es usted un abogado que aspira a convertirse en notario, conservador o archivero judicial y asegurar, de paso, una posición de poder económico sostenido, un monopolio territorial y una gravitación política no menor?

Magnífica elección. Estamos hablando de uno de los oficios más rentables del país: ingresos estables, barreras de entrada históricamente altas y una función que combina autoridad, dinero e influencia. No es simplemente una oficina: es un centro de poder con firma y timbre.

Pero se ha presentado un obstáculo inesperado. La Ley N° 21.772, que reformó el sistema notarial y registral, ha dispuesto que ahora, para alcanzar esa posición, los interesados deberán aprobar una prueba de conocimientos cuya elaboración se ha encargado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Una evaluación. Un cochino filtro meritocrático. Leer más

La Contraloría General de la República contra los derechos de la niñez transexual

No soy neutral en esta materia ni pretendo presentarme como tal. Mi aproximación al tema nace de la experiencia cercana con compañeros de curso de mi hija: jóvenes amables y afectuosos, inteligentes, que procuran vivir con entereza las dificultades que deben afrontar en su vida cotidiana, y cuyos padres conviven con el temor de que alguien pueda hacerles daño.

Por eso, la eventual circulación de sus datos personales por decisión —o capricho— de la autoridad pública es algo que, en lo personal, me indigna. Con todo, ustedes, como lectores, merecen una explicación completa que permita comprender el problema jurídico en toda su dimensión, y es lo que pretendo hacer en las siguientes líneas.

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Las Evaluaciones de Impacto en Protección de Datos (EIPD) no son lo que te han dicho

Esta columna trata sobre protección de datos personales, pero no desde la perspectiva de los derechos fundamentales, sino desde su dimensión técnico-jurídica más aplicada. Así que hago una advertencia desde el comienzo: si no trabajas en estos temas —o no tienes especial interés profesional en ellos— este puede ser un buen punto para desertar. Prometo no ofenderme. De hecho, te recomiendo ir a buscar otras de mis columnas, que sí están pensadas para público general.

Hace un par de días, una colega —muy capaz y entusiasta— me escribió con toda naturalidad: “¿Me puedes mandar un modelo de evaluación de impacto en protección de datos?”. Y hace menos de un mes, el Banco de Chile estaba contratando gente que supiera Excel (“imprescindible”) para, entre otras cosas, realizar evaluaciones de impacto en protección de datos.

Así que partamos por lo básico: la Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) es un proceso estructurado de análisis y gestión de riesgos destinado a identificar, evaluar y mitigar los posibles efectos adversos que un tratamiento de datos personales puede tener sobre los derechos y libertades de las personas. Leer más