Narra Ovidio en Las Metamorfosis que la ninfa Eco, castigada por Juno, quedó condenada a repetir las últimas palabras que otros pronunciaban. Enamorada de Narciso, solo pudo devolverle sus propias frases. Narciso, en cambio, se inclinó sobre una fuente, quedó cautivado por la imagen que el agua le devolvía y permaneció allí, contemplándola, hasta consumirse. Ninguno de los dos avanzó: ella, porque solo podía repetir; él, porque lo que veía le parecía suficiente.
El mito ofrece una clave útil para pensar la transformación digital del Estado chileno. No porque falten talento o voluntad, que los hay, sino porque nuestra forma de conducir esta política tiende a reproducir ambos rasgos: repetimos diagnósticos que ya se habían formulado, y con frecuencia nos miramos en un espejo que nos devuelve una imagen más favorable que la realidad.
Es que cada elección presidencial trae consigo algo así como la refundación de la República. Llega un equipo entusiasta, con un diagnóstico que cree inédito, y constata que el Estado no funciona como ellos creían, que hay asuntos legislativos y técnicos pendientes y que existe una alta demanda por más y mejores servicios. Entonces, se crean estrategias, planes y productos para conseguir el objetivo. Pero cuatro años después, otro equipo inicia un ciclo similar. El problema no es la falta de ideas, sino que nuestro diseño institucional no está pensado para la continuidad de las estrategias ni de las ideas principales de un proceso permanente de transformación.
CAMBIAR DE OFICINA NO ES CAMBIAR DE DESTINO
En marzo de 2024, en virtud de la Ley N.º 21.658, la antigua División de Gobierno Digital dejó el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y pasó al Ministerio de Hacienda como Secretaría de Gobierno Digital. La decisión tenía fundamentos atendibles: quien administra los recursos del Estado dispone de mejores herramientas para ordenar prioridades, y la cercanía con la Dirección de Presupuestos puede dar a una buena idea el respaldo que necesita para materializarse.
Conviene, sin embargo, distinguir entre ubicación y diseño institucional. El traslado mejoró la posición de la autoridad digital, pero no alteró su naturaleza: sigue siendo una unidad administrativa, sin personalidad jurídica propia y con una dirección cuya permanencia depende, en buena medida, del ciclo político. Tiene competencias legales, herramientas y procedimientos; lo que aún no tiene es la autonomía necesaria para que la continuidad de la estrategia no quede supeditada a las prioridades políticas de cada administración.
Esto importa porque la transformación digital es, por definición, una tarea de largo aliento que nunca termina. Es un camino que hay que seguir, más que un lugar al que hay que llegar.
Cuando el impulso descansa principalmente en la voluntad, las buenas intenciones y los conocimientos de quienes llegan al gobierno, los avances quedan sujetos a que esas tres condiciones coincidan. Cuando lo hacen, se avanza; cuando no, el proceso se detiene.
Un indicio de esta fragilidad es que varios avances relevantes de la agenda digital de Chile se asocian más al trabajo persistente de algunos senadores (como Felipe Harboe o Kenneth Pugh, por ejemplo) que a un ministro concreto. Esos aportes merecen pleno reconocimiento, pero también muestran que para avanzar se ha tenido que buscar apoyo fuera de la institucionalidad que debería concentrar el impulso.
La Ley N.º 21.180, de Transformación Digital del Estado, publicada en 2019, ha visto reprogramados sus plazos y fija 2027 como horizonte de implementación completa, pero con pronósticos poco claros sobre cuántas instituciones llegarán a tiempo. La experiencia enseña que un calendario ordena, pero no ejecuta.
LA TENTACIÓN DEL ESPEJO
Aquí aparece la segunda enseñanza del mito, quizás la más incómoda. Narciso no se perdió por falta de belleza, sino por no poder apartar la mirada de ella. Algo similar puede ocurrirnos cuando evaluamos nuestro Estado digital mirándonos solo a nosotros mismos. Comparado con el Chile de hace veinte años, el progreso es evidente: trámites en línea, ClaveÚnica, firma electrónica, expedientes digitales. Es natural sentir satisfacción ante esa imagen.
El riesgo está en que el reflejo propio es un mal instrumento de medición. Muestra lo que hemos hecho, pero no lo que falta ni lo que otros han logrado en el mismo tiempo. Un trámite digitalizado puede seguir exigiendo documentos que el Estado ya posee; un portal moderno puede ocultar, detrás, sistemas que no conversan entre sí. Digitalizar la ventanilla no equivale a transformar el Estado.
Mirarse al espejo no es un error; sí lo es quedarse en él. La autoevaluación necesita contraste: comparaciones internacionales, evaluaciones independientes, métricas centradas en la experiencia de las personas y disposición a escuchar lo que no quisiéramos oír.
LO QUE NOS MUESTRAN OTROS ESPEJOS
Uruguay creó en 2005 su Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), con autonomía técnica, y la dotó progresivamente de competencias reales en coordinación, seguridad de la información, firma electrónica e interoperabilidad, en un ecosistema que incluye las unidades de datos personales y de acceso a la información pública.
Desde entonces han pasado por la Presidencia gobiernos de izquierda y de derecha. La agencia permaneció, con una notable estabilidad en su conducción técnica. En 2024, Naciones Unidas ubicó a Uruguay en el puesto 25 de su Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico, segundo en las Américas, solo detrás de Estados Unidos y por delante de Canadá.
Estonia puso en marcha su infraestructura de interoperabilidad en 2001 y la ha sostenido durante sucesivos gobiernos. Dinamarca construye sus estrategias digitales mediante acuerdos entre el gobierno central, las regiones y los municipios, lo que la hace resistente a los cambios de alguno de sus componentes.
La lección no consiste en importar un organigrama y traducir las siglas. Cada país tiene su propia tradición administrativa, y los trasplantes institucionales rara vez funcionan sin adaptación.
Lo que estos casos enseñan es un principio común: competencias claras, equipos estables y acuerdos capaces de convertirse en una política de Estado. Enseñan, además, que la alternancia democrática es perfectamente compatible con la continuidad técnica; más aún, se beneficia de ella.
KAFKA EN LA VENTANILLA
Podría pensarse que esta discusión pertenece al mundo de los técnicos. Su medida más importante, sin embargo, está en la vida cotidiana: las horas de permiso que una trabajadora no necesita pedir para obtener un certificado; el viaje que un adulto mayor de Chiloé puede ahorrarse para realizar un trámite; las semanas que una pyme deja de esperar mientras tres servicios públicos coordinan sus respuestas.
Hay una situación que Kafka habría reconocido: el Estado le pide a una persona un documento que el propio Estado emitió y conserva en sus registros. En ese momento, el ciudadano pasa a cumplir la función que correspondería a una plataforma de interoperabilidad: conecta oficinas con su tiempo, sus zapatos y sus copias de documentos, y asume él mismo el costo.
Un Estado interoperable permite corregir esa situación. La información necesaria circula lícitamente entre instituciones, con los debidos resguardos y se obtienen, además, decisiones trazables, mejores herramientas para prevenir la arbitrariedad y la corrupción, y políticas públicas apoyadas en evidencia.
DE LA REPETICIÓN A LA CONTINUIDAD
Chile tiene una larga experiencia en dar continuidad a funciones públicas esenciales. Con diseños distintos, lo ha hecho con el Banco Central y el Consejo para la Transparencia, y ha recogido esa opción en la legislación que crea la Agencia de Protección de Datos Personales. No se trata de instituciones equivalentes, pero detrás hay una convicción común: ciertos bienes públicos requieren resguardos que trasciendan al gobierno de turno.
Aplicado al Estado digital, ese principio sugiere algunos elementos de diseño: una autoridad creada por ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios y recursos suficientes, y una dirección seleccionada por mérito, con un período que no coincida con el presidencial y causales de remoción acotadas y objetivas. A ello debieran sumarse potestades vinculantes sobre estándares e interoperabilidad, una coordinación clara con las autoridades de ciberseguridad y de protección de datos, y una rendición periódica de cuentas ante el Congreso.
Esto último es clave: la autonomía no significa ausencia de control, sino que permite exigir resultados de largo plazo a quien cuenta con atribuciones, recursos y tiempo para producirlos.
Ni Andrés Bello ni el presidente Manuel Bulnes impulsaron la creación de la Universidad de Chile pensando únicamente en el gobierno siguiente; pensaban en la República que venía. Esa es la escala de la decisión pendiente. Mientras la transformación digital dependa principalmente de la inspiración de cada nueva administración, seguiremos elaborando hojas de ruta, pero no se sostendrán el tiempo necesario para que rindan frutos.
Eco quedó reducida a una voz que repetía palabras ya dichas; Narciso, a una flor junto al agua que lo reflejaba. Chile no está condenado a ninguno de esos destinos. Puede construir una institucionalidad con voz propia y con continuidad, capaz de mirarse con franqueza, no para complacerse, sino para saber cuánto camino queda.