Skip to main content

La IA en la justicia no será un robot con toga: será una multa municipal

Es probable que en Chile el primer encuentro real del ciudadano común con una decisión mediada por inteligencia artificial no ocurra ante la Corte Suprema, ni ante el Tribunal Constitucional, ni en un litigio sofisticado entre grandes empresas tecnológicas. Ocurrirá en un lugar mucho más cercano, más cotidiano y, por lo mismo, más decisivo: un Juzgado de Policía Local.

No será una escena futurista. No habrá una máquina dictando sentencias. Todo comenzará con algo bastante más ordinario: una fotografía, una cámara instalada en una esquina, un lector automático de patentes, un sensor de tránsito, una alerta generada por un software que estimó que un conductor usaba el teléfono, no llevaba cinturón de seguridad, circulaba sin luces o ingresó indebidamente a una pista exclusiva.

Luego vendrá el parte y la citación al tribunal. Finalmente, vendrá la reacción del ciudadano, que puede ir desde la más absoluta conformidad hasta reclamos como: “ese no era mi auto”, “yo no iba usando el teléfono”, “la imagen no prueba lo que se afirma”, “la patente fue mal leída” o “la cámara no captó bien la escena”. Para entonces, la inteligencia artificial, sin anunciarse como tal, habrá entrado de lleno al procedimiento.

Es decir, los jueces de policía local estarán entre los primeros jueces chilenos obligados a enfrentar, en serio y caso a caso, los efectos jurídicos de la inteligencia artificial. Leer más

Jueces e inteligencia artificial en la justicia civil

Hablar de inteligencia artificial (IA) en los tribunales chilenos ya no es ciencia ficción, si no que una necesidad. Nuestros juzgados civiles están saturados, los expedientes crecen sin parar y hoy, gracias al expediente electrónico, cualquiera puede sumar 100 documentos digitales con la misma facilidad con la que llenamos el carrito virtual de un supermercado. Y claro, alguien tiene que leer todo eso… y ese alguien es el juez.

En este panorama, la IA no debería verse como una amenaza a las garantías procesales ni como un robot dispuesto a arrebatarle la toga al magistrado. Al contrario, es una herramienta que puede fortalecerlas, permitiendo que el tiempo del juez no se consuma en tareas mecánicas que, aunque necesarias, podrían gestionarse de manera mucho más eficiente. Leer más

De la calle a lo digital: por qué la seguridad pública (tecnológica) debe estar en la Constitución

La Fundación Encuentros del Futuro pidió a un grupo de expertos imaginar iniciativas de muy diverso tipo en materia de seguridad pública, pensando en el Chile del año 2050. Motivado por esa invitación, elaboré cuatro propuestas, y aquí les presento la primera: incorporar en la Constitución la seguridad pública como un derecho fundamental de los chilenos, estableciendo la obligación estatal de garantizar entornos seguros apoyados en sistemas tecnológicos.

Durante décadas hemos discutido —por muy buenas razones— sobre derechos fundamentales: educación, salud, vivienda, libertad de expresión. Pero, frente a los avances tecnocientíficos, resulta evidente que hay un derecho que ya no puede seguir ausente: el derecho a la seguridad pública. Leer más

Sísifo y la transformación digital: la maldición de empujar el Estado cuesta arriba

Hay un mito griego que parece escrito para nosotros: el de Sísifo, condenado por los dioses a empujar una pesada piedra montaña arriba sólo para verla caer cuesta abajo una y otra vez. Y si uno observa la historia de la transformación digital del Estado en Chile, no cuesta imaginar a un grupo de personas empujando una política pública digital hasta la cumbre… únicamente para verla rodar cuesta abajo tras el cambio de Gobierno.

Desde hace más de dos décadas, Chile no sólo ha hablado de digitalización del Estado con pasión, sino que también ha creado plataformas, servicios en línea, estrategias, comités, Divisiones, Secretarías, reglamentos y hasta leyes, como la Ley 21.180 de Transformación Digital del Estado.

Pero, como en el castigo del rey griego, cada administración que llega decide no sólo despeñar la piedra, sino que rediseñar la montaña y cambiar al equipo que sabía por dónde se subía. Y la roca digital vuelve al valle. Leer más

¿Y si los convenios de colaboración entre organismos públicos no fueran necesarios?

Como probablemente sabes si trabajas o has trabajado en un organismo de la Administración del Estado, el principio de coordinación o deber de colaboración entre organismos públicos es un pilar fundamental del Derecho Administrativo, que se refiere a la obligación que tienen las entidades públicas de colaborar y coordinarse entre sí para alcanzar de manera eficiente los fines del Estado.

El problema radica en que este principio o deber no se basta a sí mismo, sino que los organismos de control (la Contraloría, básicamente) han resuelto reiteradamente que ello debe traducirse en una especie de contrato usualmente conocido como convenio, el cual debe contener en detalle los términos y alcances exactos de la colaboración, lo que es extremadamente demoroso de gestionar.

Pero se me ha ocurrido una solución. Leer más

Tenemos un problema: las notificaciones por correo electrónico en el reglamento y la Ley de Transformación Digital

Como el lector improbablemente recuerde, el pasado 11 de diciembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial el «Reglamento que regula la forma en que los procedimientos administrativos deberán expresarse a través de medios electrónicos, en las materias que indica, según lo dispuesto en la Ley nº 21.180 sobre Transformación Digital del Estado», normativa dictada, como es casi evidente, para la implementación de la Ley de Transformación Digital del Estado.

Sin embargo, entre sus hojas este reglamento trae oculto un problema grave que ahonda un problema de la ley, y que es de aquellos que impacta muy negativamente en la vida de las personas, y que a continuación paso a explicar.

Leer más