Durante décadas el Derecho asumió algo que casi nunca necesitó explicar: si hay un video, probablemente lo que muestra realmente ocurrió. Como consecuencia, la imagen —la foto, el audio, el registro de cámara— fue tratada como una extensión confiable de la realidad. Podía ser incompleta o ambigua, pero nadie dudaba de que registraba algo que había pasado de verdad.
Pero hoy ese supuesto ya no se sostiene.
La inteligencia artificial generativa puede fabricar, en minutos, un video en alta definición donde una persona reconocible confiesa un delito que no cometió, amenaza a alguien, o aparece en un lugar donde jamás estuvo.
No hablamos de montajes toscos ni de efectos especiales de película. Hablamos de piezas que reproducen la voz, los gestos, los movimientos faciales y la iluminación del ambiente con un realismo capaz de engañar incluso a quienes saben que podrían estar viendo una falsificación (¿Han visto el maravilloso deepfake de Lola Flores en una publicidad de cerveza?).
Esto no es un problema tecnológico. Es un problema jurídico-procesal. Leer más
