El Centro de Estudios en Derecho Informático (CEDI) de la Universidad de Chile cierra sus puertas tras casi 20 años de funcionamiento. Formalmente se dirá que se refunde con otro Centro, pero es de esas fusiones en que prácticamente nada sobrevive.
Creado originalmente en 1988 como Centro de Computación e Informática Jurídica para dar soporte informático a la Facultad de Derecho y para alimentar la base de datos jurisprudencial más grande del país (que comercializaba el Diario Oficial bajo la marca “Anfitrión”), desde 1998 se abocó a estudiar las interrelaciones entre el Derecho y las tecnologías de la información gracias al financiamiento de un Proyecto de Desarrollo Institucional por parte del Ministerio de Educación, proyecto que redacté cuando todavía era estudiante y que fue aprobado por el entonces Decano Roberto Nahum.
En su momento de mayor auge no solo producía bases de datos de jurisprudencia judicial, administrativa y constitucional, sino que también dos publicaciones periódicas (Jurimetría, Revista Chilena de Informática Jurídica y la Revista Chilena de Derecho Informático), llevaba adelante diversas consultorías para instituciones públicas y empresas privadas, impartía 3 diplomados y un programa de Magíster y las redes de colaboración e influencia abarcaban casi en diagonal desde el cercano Instituto de Derecho Informático de la Universidad de la República del Uruguay, hasta el Instituto de Informática Jurídica de la Universidad de Laponia, en Finlandia, a 900 Km. del Polo Norte.
También el Centro se anotó otro tipo de triunfos: compitió por estudiantes y relevancia contra el Programa de Derecho y Tecnologías de la Información de la Universidad Diego Portales, del prof. Íñigo de la Maza (que contaba con el respaldo de la europea red LEFIS del prof. Fernando Galindo), y logró sacarlo del mercado. Y también acostumbró al público interesado a recibir conocimientos gratuitamente, haciendo fracasar durante muchos años los carísimos eventos de pago de Derecho y Tecnologías que se convocaron en el país.
El secreto del éxito radicaba en parte importante tanto en que el Centro contaba con una colección bibliográfica en idioma castellano más completa que las de las Universidades españolas, pues asimismo reunía las producciones bibliográficas de América Latina, como también en la habilidad de prever los temas del futuro y trabajarlos antes que llegaran a ser conocidos, mérito personal de la que fuera su Directora hasta el 2009, la prof. Lorena Donoso, sin dejar de mencionar las contribuciones de la red de académicos nacionales y extranjeros (¡incluso de Ingeniería!) que colaboraban por amor al arte con el CEDI.
Ya el 2008 las amenazas para el futuro del Centro estaban claras y se trabajaba para conjurarlas: el CEDI no tenía Doctores en Derecho en su plantilla, lo que limitaba el tipo y cantidad de recursos de investigación a los que se podía optar: se exploraban vías que permitieran tener doctorados de doble titulación con Universidades españolas, para presentarlas a las autoridades de la Facultad.
Además, el Magíster en Derecho de la Informática y de las Telecomunicaciones que gestionaba el Centro no estaba acreditado y no había suficientes estudiantes titulados que presentar para la acreditación, por lo que se trabajaba en instancias que permitieran acelerar o incentivar a los estudiantes a realizar sus tesis o “actividades formativas equivalentes a tesis”, que les posibilitara cumplir con los requisitos académicos.
Teníamos también nuestro propio terrorismo interno: parte importante del personal académico del CEDI había creado la ONG Derechos Digitales, y utilizaban la infraestructura de la Facultad de Derecho (Aló, ¿hablo con la ONG Derechos Digitales?, oí varias veces) y las relaciones personales e institucionales del Centro, para pedir reuniones con terceros y promover su propia organización, negándose incluso a investigar determinados temas, como propiedad intelectual y tecnologías, pues habían decidido desarrollarlos por Derechos Digitales y no por la Universidad. Una rebelión en regla.
Pero el peligro más importante era una cuestión fondo: veíamos como centros universitarios tan señeros como el Istituto per la Documentazione Giuridica de Florencia se movía hacia la biotecnología y la justicia electrónica; también era apreciable el auge e importancia que cobraba la interrelación entre las ciencias de la información y la secuenciación del genoma: entonces, se tendieron puentes con la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano de la Universidad de Deusto/del País Vasco y se presentaron propuestas en esa línea a las autoridades de la Facultad.
Tristemente lo anterior coincidió con la crisis del año 2009 de la Escuela de Derecho, con variopintas acusaciones cruzadas y amplias repercusiones públicas, que arrasaron primero con el equipo directivo del CEDI y luego con el propio Decano de la Facultad; a partir de ese momento se sucedieron varios Directores/Coordinadores que pasaron sin pena ni gloria, se modificó el programa y claustro de Magíster y ocurrieran varios otros hechos que en su conjunto dieron inicio a una muerte lenta, sin pena ni gloria, del que ya era el único Centro universitario de la especialidad en Chile.
A pesar de que muchas veces el discurso de quienes estuvieron a cargo era del mesiánico estilo «Ahora comienza una nueva era…», en los hechos y en los últimos 6 o 7 años la adquisición continua de obras científicas, base de la investigación e innovación jurídica, se detuvo; el Magíster, ahora a cargo del prof. Claudio Magliona, no se acreditó como programa de postgrado (tras su renuncia al cargo de Director del programa el año pasado, el Magíster entró en una fase de extinción que llevó adelante el prof. Salvador Millaleo); las revistas que editaba el CEDI no tuvieron continuidad; el único Doctor que se contrató era Doctor en Sociología y estaba más interesado en temas que poco se relacionaban con el Derecho Informático. Y suma y sigue: la catástrofe era solo cuestión de tiempo.
Ahora, sí hubo un par de éxitos que ojalá logren permanecer: el CEDI generó una nueva revista, la Revista Chilena de Derecho y Tecnología a cargo del prof. Daniel Álvarez, que ha sido incorporada en diversos index de publicaciones periódicas y también se creó un diplomado en temáticas de ciberseguridad y ciberdefensa.
Digno de mención fue la adjudicación por el prof. Millaleo de un proyecto Fondecyt de investigación postdoctoral sobre responsabilidad penal y libertad de expresión en Internet en el año 2013, pero desafortunadamente es un hito que no se volvió a repetir.
También el CEDI se incorporó a la Red Global de Centros Interdisciplinarios de Investigación de Internet y Sociedad, aunque es un logro más aparente que real: las redes académicas solo funcionan en la medida que conozcas y establezcas relaciones de confianza con cada una de las personas intervinientes y que ellas reconozcan en ti un igual, de lo contrario solo eres un nombre más que agregar a una lista.
Entonces, y dada la dimensión de la crisis, la Facultad de Derecho a inicios de este año hizo un último esfuerzo por salvar el Centro: llamó a concurso para proveer el cargo de Director y el de Investigador con grado de Doctor, pero los resultados fueron catastróficos: el Investigador renunció indeclinablemente a los pocos meses y el nuevo Director, prof. Renato Jijena, ahora se hunde junto con el Centro tras dar un giro vintage que poco o nada tiene que ver con adelantarse al futuro. De hecho, y a modo de ejemplo, el Diploma al que convocó fue uno sobre “Informática, Internet y Derecho” que declara versar sobre “Derecho Telemático”, toda terminología y temáticas muy en boga en el siglo pasado.
En síntesis, con escaso talento para prever la evolución de las relaciones que se generan entre las Ciencias del Derecho y las tecnologías, así como tampoco para entender el rol de un centro académico de avanzada, el futuro mismo se los llevó por delante.
Y lo peor es que no hay mucho que lamentar tras la pérdida.