Transcripción de la ponencia presentada el 10 de noviembre en las I Jornadas de Derecho Notarial y Registral Inmobiliario, celebradas en la Universidad de O’Higgins, Rancagua.
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Les invito a hacer un pequeño ejercicio de imaginación.
Imaginemos que una persona entra a una notaría con su teléfono en la mano. Muestra un video de cuarenta segundos. Se ven una mesa, dos personas y un sobre. Una de ellas cuenta billetes, los guarda en el sobre y se lo entrega a la otra. Se dan la mano. Fin del video.
Y la persona dice: «Necesito que el señor notario certifique que realicé un pago».
La verdad es que el ejercicio no exige demasiada imaginación; supongo que todos los días ocurren cosas de lo más curiosas en las notarías. De hecho, vi cómo un funcionario público le decía a una persona que no le recibiría un certificado digital con firma electrónica avanzada, a menos que fuera a la notaría de la cuadra de enfrente para que allí se lo imprimieran y se lo firmara un notario.
También he visto a abogados pedirle a un notario que firme al dorso fotografías de accidentes de tránsito, para intentar conferirles algún exótico carácter de medio de prueba.
Pero volvamos a nuestro video. Está ahí; cualquiera puede verlo. Sin embargo, entre lo que aparece en esa pantalla y la frase «Yo pagué» hay varios saltos y algunas cuestiones que resolver.
Primero, ver la reproducción del video. Segundo, saber quiénes son esas personas. Tercero, saber qué había realmente en el sobre. Y cuarto, concluir que esa entrega extinguió una obligación.
Porque, incluso si todo ocurrió tal como se ve, una entrega de dinero puede ser un pago, pero también un préstamo, una donación o la devolución de una garantía. El video muestra manos y billetes (suponiendo que son auténticos). No muestra causas.
De ahí la pregunta que quiero compartir con ustedes: cuando decimos «doy fe», ¿de qué estamos dando fe exactamente en el año 2026?
Mi respuesta, que intentaré justificar en los próximos minutos, es que la fe pública se fortalece cuando precisa tres cosas: qué se comprobó, con qué medios y hasta dónde llega lo que se afirma. Para eso conviene distinguir tres operaciones que el lenguaje cotidiano mezcla: percibir una representación, comprobar su procedencia y acreditar el hecho representado.
Primera parte · «Doy fe de haberlo visto»
Empecemos por la operación más modesta: percibir.
Al mirar el video podemos afirmar varias cosas con seguridad. Que el archivo existe. Que dura cuarenta segundos. Que en él aparecen representadas dos personas, una mesa y un sobre. Eso es lo observado.
Luego está lo declarado. Quien presenta el video nos dice que lo grabó el martes, en su oficina, y que la persona a quien le entrega el sobre es su acreedor. No vimos el martes, ni la oficina, ni la deuda. Lo escuchamos.
Y está lo inferido: lo que concluimos al juntar ambas cosas. «Entonces le pagaron». Puede ser una inferencia razonable. Pero es nuestra inferencia, no un dato del video.
El cine lo advirtió hace tiempo. En Blow-Up, la película de Michelangelo Antonioni de 1966, un fotógrafo retrata a una pareja en un parque de Londres. Al ampliar las fotos en su estudio, cree descubrir un crimen. Cuanto más amplía, más granulosa se vuelve la imagen y más depende su interpretación de lo que él quiere ver.
Pensemos en cuatro situaciones distintas.
La primera es una fotografía. Comprobar que un archivo muestra una escena no acredita, por sí solo, que la escena ocurrió, ni cuándo, ni quiénes participaron. En 1917, dos primas inglesas, Elsie Wright y Frances Griffiths, fotografiaron hadas cerca de su casa. Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes (intelectual y médico), las difundió convencido de su autenticidad (¡la evidencia estaba a la vista!). En 1983, ellas admitieron que las hadas eran recortes de papel sujetos con alfileres. Fíjense: la cámara funcionó perfectamente. Registró lo que tenía delante. Lo que tenía delante era una escenificación.
La segunda situación es la de un audio con su transcripción, que también he visto presentar ante notario. Aquí hay tres preguntas distintas. ¿El texto reproduce fielmente lo que se oye? ¿La voz pertenece a quien se dice? ¿Es verdad lo que esa voz afirma? Una transcripción puede ser impecablemente fiel a un audio generado por inteligencia artificial.
La tercera es el video mismo. Describir lo reproducido no equivale a haber presenciado el acontecimiento. Un video puede ser una captación directa. Pero también puede estar editado, y eso suele ser inocente: se recorta el inicio, se corrige la luz. Puede registrar una escena preparada para la cámara o mostrar solo lo que permite el ángulo desde el que se grabó. O puede haber sido generado, en todo o en parte, por un sistema de inteligencia artificial. Son cosas diferentes, y no todas son un engaño.
La cuarta es la identificación a distancia. No doy por supuesto que cualquier actuación ante un ministro de fe pueda hacerse hoy por videoconferencia en Chile, pero he visto que se ha hecho en la práctica, a pesar de que todos deberíamos estar advertidos que lo que llega a la pantalla no es un rostro: es una señal. Y esa señal puede ser sustituida o fabricada antes de llegar a nosotros.
En tal caso, la máscara no está en la cara de nadie; está en la imagen transmitida. Por eso, que el rostro coincida con la fotografía de una cédula de identidad auténtica no basta, por sí solo, para establecer que quien habla es su titular. Adicionalmente, conviene tener presente que, al menos, hay dos riesgos: que se suplante a una persona real o que se presente la identidad de alguien que nunca existió.
¿Cómo se traduce esto al redactar una constancia o atestado? Veamos dos ejemplos pedagógicos, siempre sujetos a las competencias y exigencias legales de cada actuación, que ustedes conocen mejor.
Una fórmula suicida diría algo así: «Doy fe de que A pagó a B un millón de pesos». Una fórmula más precisa diría: «Don Fulanito me exhibió, en un teléfono, un video de cuarenta segundos; en su reproducción se observa la representación de dos personas y la entrega de un sobre; quien lo exhibe declara que corresponde a un pago; no se han comprobado la identidad de esas personas, el contenido del sobre ni la fecha de la grabación».
¿Por qué hablar de la representación? Porque actualmente no estamos en condiciones de aseverar ni siquiera que la mesa que aparece en el video es real.
Si se tratara de una transcripción, la constancia notarial suicida diría: «Certifico que la transcripción adjunta corresponde a la conversación entre C y D». Pero una formulación precisa sería: «Se recibieron de don Menganito un archivo de audio y un texto; se cotejó el texto con la reproducción del audio y se constató su coincidencia; no se ha verificado a quién pertenecen las voces ni la veracidad de lo dicho»… ni que el audio sea auténtico.
La segunda versión de los atestados es más larga, sí. Pero dice qué se recibió, de quién, qué se examinó y qué se comprobó. Y nada más. Lo que vemos es un dato; lo que concluimos, solo una hipótesis. No debemos confundir ambos planos.
La fe pública gana cuando no se confunden los datos duros con las conclusiones.
Segunda parte · «Una falsedad perfectamente conservada»
Desviemos la atención de lo que vemos en el video y centrémonos en el soporte: tenemos un archivo digital en un teléfono.
Propongo ordenar el análisis en tres preguntas: ¿De dónde procede? ¿Qué cambios ha experimentado? ¿Es verdadero lo que parece constar en él?
Antes, una advertencia de vocabulario. «AUTÉNTICO» tiene varios usos. En el Código Civil, instrumento auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. En informática, suele significar que algo proviene de quien dice provenir. Y en la conversación diaria se usa casi como sinónimo de verdadero. Aquí usaré el término en el sentido de procedencia y lo separaré, deliberadamente, de la verdad.
Un episodio histórico lo muestra mejor. Durante siglos circuló en Europa la llamada Donación de Constantino: un documento según el cual el emperador habría cedido al Papa poder y territorios sobre Occidente. Se copió, se citó y se guardó con esmero. En 1440, el humanista italiano Lorenzo Valla demostró que no podía ser de la época de Constantino: su latín era de otro tiempo y mencionaba realidades posteriores. Hoy se lo sitúa en el siglo VIII. Fue, durante siglos, una falsedad perfectamente conservada.
Su conservación no fue el problema: quienes la custodiaron guardaron bien lo que recibieron. Un archivo puede garantizar que un documento no cambió desde que ingresó, sin que eso lo vuelva verdadero.
Esto nos toca a todos: el notario autoriza y guarda documentos en un protocolo. El conservador examina los títulos que se le presentan, dentro de los márgenes que la ley le fija, y los inscribe. El archivero custodia, ordena y da acceso.
Ninguno tiene la obligación de comprobar la verdad de todo lo narrado en los documentos que pasan por sus manos. Y nuestro ordenamiento lo sabe. El artículo 1700 del Código Civil dice que el instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones de los interesados (aunque frente a terceros, hacen plena fe contra los declarantes).
Eso no debilita la fe pública: la precisa. Al fin y al cabo, qué permite conocer una observación y qué valor le reconoce el Derecho son preguntas distintas.
Volvamos al video. En principio, hay herramientas que ayudan a responder dos preguntas: ¿De dónde procede el archivo? ¿Qué cambios ha experimentado?
La primera es la huella digital del archivo, que los técnicos llaman hash. Es un cálculo que resume el archivo en una cadena corta de caracteres. Si cambia un solo dato del archivo, cambia totalmente la huella. Como una huella dactilar, sirve para comparar.
Y, como una huella dactilar, no dice nada si no hay con qué compararla. Si la calculo hoy, mañana sabré si el archivo cambió desde hoy. Nada sabré de lo que le pasó antes, ni de quién lo creó.
La segunda son las firmas. La firma electrónica es una categoría jurídica: la Ley 19.799 la define con amplitud, como cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico que permite identificar, al menos formalmente, a su autor. La firma electrónica avanzada, en cambio, emplea una técnica criptográfica. Permite verificar la firma y detectar si los datos firmados cambiaron.
Pero atribuirla a una persona exige examinar su identificación, su certificado y quién controla la clave, con atención al papel de los respectivos prestadores de servicios de certificación. Y una firma válida no certifica la verdad de lo firmado. Se puede firmar, con toda corrección técnica, una esplendorosa mentira.
La tercera es el sello de tiempo. Aporta evidencia de que ciertos datos existían en un momento dado. No dice cuándo ocurrió lo que esos datos muestran. Si sello hoy el video, pruebo que el archivo existía hoy. No que la entrega del sobre con los billetes ocurrió el martes pasado.
La cuarta son los registros de procedencia y los detectores de IA. Son herramientas distintas. Los registros de procedencia documentan el origen y la historia de un contenido, como una bitácora que viaja con él. Los detectores, en cambio, hacen una estimación de si algo fue generado artificialmente. Pero los metadatos pueden eliminarse, las marcas de agua pueden borrarse o imitarse y los detectores se equivocan todos los días.
Incluso la ausencia de metadatos no prueba falsedad: muchas aplicaciones los eliminan al reenviar los archivos. Y un detector de IA entrega una estimación, no una certeza.
Conservar íntegramente una representación y acreditar la realidad representada responden a preguntas distintas.
La técnica responde muy bien a la primera: conservar una representación. Pero acreditar la realidad sigue siendo responsabilidad de los operadores jurídicos, como los ministros de fe.
Tercera parte · «Dar fe sin prometer omnisciencia»
Llegamos a la parte práctica. Si no podemos saberlo todo, ¿qué hacemos? No propongo desconfiar de todo; sería tan inútil como creerlo todo.
Propongo un método de confianza verificable, en cinco acciones: Delimitar. Comprobar. Contrastar. Preservar. Expresar.
DELIMITAR. Lo primero es preguntarse qué se pide realmente y si eso cabe en la competencia de quien actúa. Frente al video hay al menos cuatro objetos posibles: 1) que un archivo existe y fue exhibido; 2) qué se ve en él; 3) quiénes son las personas; y 4) si el hecho ocurrió. Son cuatro constataciones de dificultad muy distinta. Delimitar es también ayudar al requirente a pedir algo que tenga sentido.
COMPROBAR. Luego viene la procedencia. ¿Quién aporta el material? ¿Cómo lo obtuvo? ¿Lo grabó, se lo enviaron, lo descargó? No es lo mismo el archivo generado por el teléfono que grabó la escena que una copia reenviada por una aplicación de mensajería o una captura de pantalla. En cada paso puede perderse información. Por eso conviene no llamar «original» a cualquier archivo que nos entregan. Basta con describirlo: archivo recibido, copia reenviada, archivo extraído del dispositivo que captó la escena. Lo que corresponda.
CONTRASTAR. Según lo que se pida, puede ser necesario buscar corroboración pertinente e independiente. La palabra clave es independiente.
Volvamos a la identificación a distancia. Si el rostro, la voz y la cédula exhibida llegan por la misma videollamada, comparten una sola fuente. Si esa fuente está manipulada mediante la inyección de imágenes falsas entre la cámara y quien verifica, las tres pruebas fallan juntas: son tres testigos que leen el mismo libreto.
En 2024, la empresa de ingeniería Arup (una transnacional de 80 años) confirmó que un empleado suyo en Hong Kong había transferido millones de dólares tras una videoconferencia en la que el director financiero y otros colegas con los que interactuó eran, en realidad, recreaciones digitales. Lo menciono porque muestra el problema con nitidez: todas las confirmaciones venían por el mismo canal.
Contrastar, entonces, es buscar otra vía: un dato de una fuente confiable, una consulta al emisor del documento, un contacto por un medio conocido de antemano y no proporcionado en la misma llamada. Con una advertencia: ni la llamada de retorno ni la prueba de vida son infalibles. Encarecen el engaño; no lo hacen imposible.
PRESERVAR. Lo examinado debe poder entenderse después. Debemos poder explicar racionalmente la decisión adoptada. Eso supone conservar el material pertinente y un registro de lo que se hizo: qué archivo se recibió, cuál era su huella, cómo se reprodujo, con qué se comparó.
Es lo que llamamos trazabilidad y, en materia probatoria, cadena de custodia: la historia documentada de quién tuvo algo, cuándo y qué hizo con ello. La reciente reforma notarial, la Ley 21.772, va en esa línea: exige firma electrónica avanzada y sellado de tiempo en las copias autorizadas electrónicas y prevé un repositorio digital de escrituras.
Pero preservar no es solo acumular archivos. Hay que pensar en seguridad, en acceso autorizado y en protección de datos personales: conservar lo necesario, por el tiempo necesario. Y si un archivo debe migrarse algún día a un formato nuevo, siempre la migración debe quedar documentada. Lo que daña la confianza es el cambio que nadie anotó.
EXPRESAR. Por último, la forma de decirlo. La constatación debe permitir a un tercero distinguir lo observado, lo comprobado y lo que sigue sin acreditarse. No se trata de añadir al final una advertencia genérica sobre las limitaciones del acto. Hay que darle a la actuación del ministro de fe su justa dimensión. Se trata de describir con exactitud qué le consta realmente.
¿Qué intensidad requiere cada uno de los pasos descritos? Para la mayoría de los actos bastan controles ordinarios, adecuados al acto y siempre dentro de los mínimos legales.
Pero hay señales que justifican reforzarlos: incongruencias en el material, como una sombra que no calza o una voz desfasada de los labios; que la identidad sea decisiva para el acto; que un error tenga consecuencias graves o difíciles de revertir; o que los antecedentes sean insuficientes para justificar la decisión frente a un eventual cuestionamiento.
Entonces cabe pedir más información, buscar apoyo especializado o, sencillamente, no formular la afirmación pretendida. Decir «esto no puedo certificarlo» también es una forma de dar fe. No hace falta un peritaje para cada archivo; hace falta saber cuándo se necesita y cuándo los elementos disponibles no permiten acceder a lo que se le solicita al ministro de fe.
Volvamos una vez más al video. Una constatación prudente, en lo que la ley permita, podría decir algo así: «La requirente, ya individualizada, exhibió un teléfono y declaró que contenía un video grabado por ella. Se obtuvo copia del archivo, de cuarenta segundos de duración, y se registró su huella digital [me refiero al hash del archivo]. En su reproducción se observa la representación de dos personas en torno a una mesa y la entrega de un sobre. La requirente declara que se trata del pago de una deuda. No se han comprobado la identidad de las personas, el contenido del sobre, la fecha de la grabación ni la causa de la entrega».
¿Es menos de lo que se pedía? Sí. ¿Vale menos? Al contrario. Quien lea ese texto en cinco años sabrá exactamente qué se hizo. Y si después aparecen otros antecedentes, tendrán una base firme sobre la cual apoyarse.
Cierre
Volvamos a la notaría. A la persona con el teléfono en la mano y al video de cuarenta segundos.
¿De qué estamos dando fe exactamente?
No de que hubo un pago. Esa es una conclusión jurídica que el video no contiene.
Damos fe de lo que hicimos: de lo que se nos exhibió, de lo que observamos, de lo que comprobamos y con qué medios. Y, con la misma claridad, de lo que no nos consta.
Puede parecer una fe más modesta, pero es, en realidad, una fe más sólida. Una afirmación que declara su alcance resiste mejor que una que promete más de lo que sabe.
Hoy, fabricar imágenes, sonidos, videos o escrituras públicas «antiguas» es barato. Lo escaso ya no es la imagen: es la explicación confiable de cómo sabemos lo que decimos saber.
Delimitar, verificar, documentar. No es desconfianza; es método.
Dar fe nunca fue prometer que todo es verdad. Es declarar, con exactitud, qué nos consta.
Muchas gracias.