Desde hace muchas décadas, el funcionamiento del Estado dependía de la existencia de carreteras, puentes, centrales eléctricas, líneas de comunicaciones y centros de abastecimiento. Hoy todo lo anterior depende, además, de algo mucho menos visible: cables submarinos, centros de datos, servicios en la nube, sistemas de identidad digital y plataformas que gestionan todo lo anterior, además de la relación con los ciudadanos.
Es decir, la infraestructura digital se ha convertido en el sistema nervioso del Estado. Y, como ocurre con el sistema nervioso humano, normalmente solo recordamos que existe cuando deja de funcionar.
Imaginemos una situación sencilla. Un ciudadano intenta obtener un certificado de nacimiento. No puede. Luego descubre que tampoco funcionan los sistemas de pago, que los hospitales vuelven a gestionarse manualmente, que las municipalidades no pueden acceder a los datos de sus vecinos y que los organismos públicos están paralizados. No se trata de ciencia ficción, pues ya ocurrió, por ejemplo, en la Estonia de 2007, en que bastó una interrupción prolongada de algunos servicios digitales críticos para que buena parte del Estado dejara de operar.
Desde entonces, mucho se ha avanzado en la gestión de infraestructuras públicas seguras, pero la pregunta que debemos hacernos como país no es si lo anterior podría ocurrirnos, sino otra distinta: ¿tenemos realmente el control sobre esa infraestructura?
Con frecuencia creemos que sí, porque existe un contrato firmado con una empresa proveedora o porque los servidores están en Chile. Sin embargo, el verdadero control no siempre está donde se encuentran físicamente los equipos. Muchas veces está donde se administran las claves criptográficas, donde se toman las decisiones comerciales, donde se desarrollan las plataformas o donde se encuentra la jurisdicción que obliga legalmente a sus propietarios.
O dicho de otra forma: así como de un día para otro nuestros aranceles con EE.UU. subieron un 25%, también podría ocurrir que los datos y las plataformas de nuestros organismos públicos queden inaccesibles, o que se restrinja el uso de modelos de IA utilizados por el Estado para la toma de decisiones en el día a día. Y ello podría suceder tanto por una decisión política como porque un barco arrastró su ancla durante más de 400 metros frente a Valparaíso.
Y aquí conviene aclarar un punto importante. Este no es un llamado a desconfiar de países concretos o de las grandes empresas tecnológicas. De hecho, gracias a ellas disponemos de servicios extraordinarios y de una calidad difícil de igualar. El problema no es utilizar esos servicios; sería absurdo intentar construir desde cero un equivalente chileno de todos los servicios digitales que hoy existen.
El problema aparece cuando dependemos exclusivamente de una sola alternativa y nunca nos preguntamos qué ocurriría si, por razones comerciales, jurídicas, geopolíticas o incluso por un desastre natural, ese servicio deja de estar disponible.
Es una situación parecida a tener un único puente para cruzar el rio Biobío. Mientras el puente funciona, nadie se preocupa demasiado. Pero basta que un día se corte para descubrir que hemos perdido más de la mitad de Chile continental y a toda la gente al sur de ese hito.
Con las infraestructuras digitales ocurre exactamente lo mismo.
La buena noticia es que la solución no consiste en levantar murallas digitales ni en perseguir una imposible autosuficiencia tecnológica: la solución (o una buena aproximación a la misma) pasa por combinar inteligencia técnica con buenas reglas jurídicas.
Desde el punto de vista técnico, el Estado necesita redundancia. Los sistemas críticos deben contar con respaldos independientes, rutas alternativas de comunicaciones, distintos proveedores cuando sea posible, copias de seguridad realmente utilizables y planes de continuidad operacional que hayan sido probados antes de la emergencia y no improvisados durante ella.
También resulta esencial que el Estado mantenga el control efectivo de los elementos más sensibles: las claves criptográficas, los mecanismos de autenticación, la capacidad de migrar información y la posibilidad de continuar operando aunque un proveedor desaparezca del mercado o suspenda un servicio, pues en el mundo digital no controlar las llaves equivale a guardar los documentos en una caja fuerte cuya combinación conoce otra gente.
Pero las soluciones técnicas, por sí solas, no bastan: el Derecho tiene un papel igualmente decisivo.
La contratación pública debe evolucionar desde una lógica puramente económica hacia una lógica estratégica. No basta con adjudicar al proveedor que ofrece la mejor funcionalidad o el mejor precio. También debe evaluarse qué ocurrirá si ese proveedor deja de prestar el servicio o se niega a colaborar.
Por ello, resulta indispensable exigir contratos que contemplen mecanismos claros de salida, obligaciones de portabilidad de los datos y garantías de continuidad operacional. Asimismo, es necesario prever depósitos seguros de componentes críticos y herramientas que permitan reconstruir la información y restablecer los servicios si todo termina mal.
Sin embargo, estas medidas jurídicas deben orientarse, ante todo, a prevenir la interrupción de los servicios esenciales, y no solo a regular las consecuencias del incumplimiento. De poco sirve contar con acciones judiciales para obtener una indemnización de perjuicios cuando el daño ya consiste en la paralización del suministro de agua potable, de los hospitales o de otros servicios esenciales para millones de personas. La responsabilidad patrimonial (si es que se le da cabida) es incapaz de reparar el perjuicio sufrido por toda una población cuando el Estado deja de funcionar.
Además, la legislación debería incorporar progresivamente exigencias específicas para las infraestructuras digitales esenciales, del mismo modo que hoy existen estándares particularmente exigentes para las infraestructuras eléctricas o para los sistemas financieros. La resiliencia no puede ser una buena práctica voluntaria; debe transformarse en un requisito institucional.
Algunos podrían pensar que todo esto resulta exagerado porque «nunca ha pasado», pero la historia demuestra que los grandes cambios regulatorios suelen llegar después de las crisis, cuando ya es demasiado tarde para evitar sus consecuencias. La prudencia consiste precisamente en prepararse antes.
Después de todo, nadie instala un extintor porque espere incendiar su casa al día siguiente. Lo instala porque entiende que hay riesgos cuya probabilidad puede ser baja, pero cuyo impacto sería enorme.
Con las infraestructuras digitales ocurre exactamente igual.
Chile ha demostrado durante décadas una enorme capacidad para construir instituciones sólidas y adoptar tempranamente procesos de transformación digital. Ese liderazgo constituye una ventaja competitiva que merece ser protegida. Sin embargo, la verdadera madurez digital no consiste únicamente en digitalizar más servicios. Consiste también en garantizar que esos servicios seguirán funcionando incluso cuando las circunstancias sean adversas.
En definitiva, la soberanía digital no debería entenderse como la capacidad de fabricar toda la tecnología que utilizamos, sino como la capacidad de asegurar que ninguna decisión ajena —comercial, política o técnica— pueda detener el funcionamiento del Estado.
Y alcanzar esa confianza, más que un objetivo tecnológico, es una responsabilidad jurídica y política.