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¿El CSIRT del Ministerio del Interior es un censor político en Internet?

En las redes sociales de los activistas informáticos ha aparecido un documento singular. Se trata de un supuesto correo electrónico del asesor legal del Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática del Ministerio del Interior (CSIRT) en la cual, en nombre del Gobierno de Chile, se dirige a un prestador de servicios de hosting de Alemania exigiéndole la bajada de un sitio web.

Quiero ser muy claro en esto: no tengo la certeza de que el documento sea auténtico, pues si bien la identidad y cargo de quien suscribe el requerimiento se corresponde con el de un empleado del Estado de dicha repartición, el contenido es muy irregular, e incluso utiliza un lenguaje que no reconozco como propio de la profesión.

La misiva publicada, dirigida a la empresa alemana Hetzner, dice:

«En nombre del Gobierno de Chile, le solicitamos que elimine el dominio https://www.opchile.org/ (…) está alojando un dominio ciberterrorista que pertenece a ANONYMOUS (…) El dominio se está utilizando para promover ataques cibernéticos contra la infraestructura crítica del Estado chileno, distribuir información confidencial, hacer amenazas, incitar al odio, la violencia y las noticias falsas, distribuir malware, violación de derechos de autor y otras actividades (…) y está obligado a eliminar el dominio específico debido a la DMCA (Digital Millennium Copyright Act), pues el video del sitio web infringe los derechos de autor del Gobierno de Chile [logotipo]»

El texto original, en inglés, pueden examinarlo por si mismos.

Como no tengo razones para afirmar que el documento sea auténtico, solo me centraré en explicar las razones de por qué no debería serlo.

Primero les ilustraré sobre el contexto en que aparece: el grupo Anonymous declaró el pasado 26 de junio, a través de Youtube, que atacó a la empresa de datos Dicom-Equifax y que, a través de ellos, obtuvo facturas de empresas que son relevantes en los niveles de endeudamiento de los chilenos, documentos que dejaba a disposición de quienes quisieran consultarlos.

A su vez, dentro del Ministerio del Interior existe el CSIRT, que es el nombre de fantasía de la División de Informática, que ha generado un proyecto con esa denominación cuyo objetivo es “Proveer información y asistencia a la Red de Conectividad del Estado y, en general, al Ciberespacio Gubernamental”, es decir, su ámbito de competencias son las redes de comunicaciones electrónicas del propio Gobierno.

Ahora, sobre el contenido del correo electrónico, reitero su rareza: de acuerdo a nuestra Constitución, ninguna persona puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes; por lo tanto, si afirmas hablar en representación del Gobierno de Chile, debe existir algún instrumento jurídico válido que te entregue esas atribuciones, particularmente cuando tus dichos pueden arrastrar la responsabilidad internacional del Estado frente a terceros.

Pero hay más: si efectivamente los integrantes de Anonymous están cometiendo delitos contra la infraestructura crítica del Estado desde Alemania, lo que corresponde al CSIRT, antes que cualquier otra cosa, es tomar todas las medidas técnicas y organizativas para protegerla (si está dentro de su ámbito de competencia, que solo son las redes de comunicaciones electrónicas del Gobierno), y también levantar el teléfono y llamar al Ministerio Público que, tras la suscripción por Chile del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, es el nodo local de la red 24/7 que se ocupa internacionalmente de cooperar en la investigación y persecución de este tipo de delitos.

Dicho de otra forma, si hay alguien habilitado para recoger la evidencia y detener los delitos que se cometen desde Alemania, es precisamente, la policía alemana, y es el Ministerio Público de Chile el organismo legalmente habilitado para analizar si los hechos revisten carácter de delito y pedir su colaboración.

De hecho, como es un deber de los funcionarios públicos el denunciar los delitos que conozcan en el desempeño de su cargo, si los supuestos del correo electrónico fueran reales, el personal del Ministerio del Interior está obligado a formular la denuncia, incurriendo en responsabilidad administrativa si no lo hicieren.

Luego en el texto aparece otra anomalía: justifica su requerimiento de eliminación de contenidos en base a que a través del mismo se distribuye información confidencial, se hacen amenazas, se incita al odio y la violencia y se distribuyen noticias falsas, todas cuestiones que no tienen nada de técnicas, sino que implican un análisis valorativo y una decisión política sobre los contenido publicados respecto, en este caso, de un particular (Dicom).

La pregunta de fondo que hay que formular, ¿es rol de un CSIRT, entidad técnica especializada en ciberseguridad, salir en la defensa de los derechos e intereses de la empresa privada, cuando ello queda fuera de su ámbito de competencias?.

Obviamente la pregunta contiene la respuesta, y sería del todo anómalo que, en el fondo, con cargo a recursos públicos y través de un organismo técnico, se haga un control político de la libertad de expresión en favor de un particular. Si alguien dice que las cosas funcionan mal y que es culpa de determinadas empresas coludidas con el Gobierno, ¿puede el Gobierno salir a eliminar esas voces?. Si se revela información confidencial de terceros, ¿corresponde accionar al Gobierno o al propio afectado?.

Finalmente, por el uso del logotipo del Gobierno por parte de Anonymous (lo usa para ilustrar su discurso), la comunicación pide a Hetzner eliminar el sitio apuntando a una infracción de la Digital Millennium Copyright Act.

Ello carece de lógica jurídica. Esa norma es una ley norteamericana sobre derechos de autor, no aplicable en Chile y tampoco en Europa. Puestos a invocar leyes para censurar contenidos, bien podría citar las de Corea del Norte, aunque produce el mismo efecto: ninguno, pues no es una ley aplicable en dicho territorio.

En definitiva, si un CSIRT público actuara de la forma descrita (el del Ministerio del Interior u otro cualquiera), ya no sería un organismo técnico en materia de ciberseguridad, sino que un agente censor de la libertad de expresión; no se ceñiría a los principios y normas de la Administración Pública, sino que estaría por sobre ellas; no se ocuparía de la vigilancia y control de las redes gubernamentales, sino que extendería sus poderes hasta los privados; y, además, cumpliría funciones paralelas al Ministerio Público, todas cuestiones inadmisibles en un Estado Democrático de Derecho.

Carlos Reusser

Abogado, Univ. de Chile. Magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Univ. Católica de Chile y Máster en Informática y Derecho por la Univ. Complutense de Madrid. Docente universitario. Consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

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