Es probable que en Chile el primer encuentro real del ciudadano común con una decisión mediada por inteligencia artificial no ocurra ante la Corte Suprema, ni ante el Tribunal Constitucional, ni en un litigio sofisticado entre grandes empresas tecnológicas. Ocurrirá en un lugar mucho más cercano, más cotidiano y, por lo mismo, más decisivo: un Juzgado de Policía Local.
No será una escena futurista. No habrá una máquina dictando sentencias. Todo comenzará con algo bastante más ordinario: una fotografía, una cámara instalada en una esquina, un lector automático de patentes, un sensor de tránsito, una alerta generada por un software que estimó que un conductor usaba el teléfono, no llevaba cinturón de seguridad, circulaba sin luces o ingresó indebidamente a una pista exclusiva.
Luego vendrá el parte y la citación al tribunal. Finalmente, vendrá la reacción del ciudadano, que puede ir desde la más absoluta conformidad hasta reclamos como: “ese no era mi auto”, “yo no iba usando el teléfono”, “la imagen no prueba lo que se afirma”, “la patente fue mal leída” o “la cámara no captó bien la escena”. Para entonces, la inteligencia artificial, sin anunciarse como tal, habrá entrado de lleno al procedimiento.
Es decir, los jueces de policía local estarán entre los primeros jueces chilenos obligados a enfrentar, en serio y caso a caso, los efectos jurídicos de la inteligencia artificial.
La razón es simple. La inteligencia artificial no llegará cotidianamente a los tribunales por la vía de los grandes debates jurídicos, sino por la vía de la administración cotidiana de la ciudad. Llegará a través de tecnologías que prometen resolver problemas concretos: fiscalizar mejor, procesar más rápido, detectar más infracciones, reducir accidentes, disminuir costos y compensar la escasez de funcionarios en terreno.
Y esas promesas no deben ser despreciadas. La fiscalización humana es limitada, cara y desigual. Un inspector municipal no puede estar en todas partes. Un carabinero no puede observar simultáneamente todos los cruces. Una dirección de tránsito no puede revisar manualmente miles de imágenes cada día.
La tecnología, en cambio, sí puede hacerlo. Puede mirar sin cansancio, clasificar sin pausa, registrar sin distraerse y generar alertas en volúmenes imposibles para cualquier oficina pública tradicional.
El problema, entonces, no es si la inteligencia artificial funciona. De hecho, funciona mucho mejor que la mayoría de los seres humanos para detectar patrones, clasificar imágenes, reconocer placas patentes, priorizar expedientes y administrar grandes cantidades de información.
Permítanme hacer aquí una aclaración, especialmente para quienes ya están pensando: “Pero profesor, eso no puede ocurrir, porque la ley señala expresamente quiénes pueden cursar infracciones, y entre ellos no aparece la inteligencia artificial”.
Tienen razón. Formalmente, no será la inteligencia artificial la que curse la infracción. No seamos ingenuos, pero tampoco seamos literales hasta la ceguera.
Lo que probablemente ocurrirá —y en algunos lugares ya empieza a ocurrir— es otra cosa: habrá un inspector municipal, o un carabinero, sentado frente a una pantalla, recibiendo alertas generadas por sistemas automatizados, revisando imágenes, validando detecciones y cursando infracciones a una velocidad que antes era simplemente imposible.
No será “la máquina” firmando el parte. Será un funcionario humano, sí. Pero un funcionario humano asistido, guiado, filtrado y acelerado por una infraestructura tecnológica que detecta, prioriza y le dice dónde mirar.
Y, por supuesto, tampoco cuesta demasiado imaginar a más de algún alcalde mirando con entusiasmo el tablero de infracciones, viendo cómo comienzan a engrosarse las arcas municipales, satisfecho de comprobar que la inversión en tecnología finalmente “se paga sola”. Uno casi podría imaginar la escena: alcaldes pletóricos, celebrando la modernización del municipio, mientras encienden puros con billetes de diez mil pesos y hablan solemnemente de innovación pública. Lo que, en términos municipales, debe ser algo muy parecido a la poesía financiera.
La imagen es una caricatura, desde luego. Pero el fondo es real: cuando la tecnología permite detectar más infracciones, más rápido y con menor costo, las arcas municipales pueden crecer ostensiblemente como consecuencia de una gestión más intensa de la fiscalización.
Pero nos estamos desviando del camino. Como les decía, el verdadero problema jurídico es otro: si aquello que la máquina afirma puede ser aceptado como base suficiente de una decisión sancionatoria.
Porque una cosa es que un sistema acierte en la mayoría de los casos, y otra muy distinta es decidir qué hacemos con la minoría restante. En estadística, un margen de error puede parecer tolerable. Pero si hablamos, por ejemplo, de que el reconocimiento automático de patentes tiene un margen de error del 4%, eso, en una ciudad, puede representar a miles de personas al día. Y en Derecho sancionatorio, ese margen puede convertirse en personas concretas obligadas a defenderse contra una imputación equivocada.
Ese es el punto que los jueces de policía local deberán tener siempre presente: el error algorítmico no es una abstracción técnica. Es una multa injusta, una carga probatoria invertida, una explicación insuficiente, una persona enfrentada a la autoridad y a una pantalla que parece hablar con autoridad técnica y científica.
La inteligencia artificial introduce, además, una dificultad adicional: su apariencia de certeza. Una fotografía ya parece prueba contundente. Una fotografía acompañada por una alerta automatizada parece todavía más convincente. Y si a eso se suma un parte administrativo, un número de patente, una marca horaria y un sistema contratado por la municipalidad, el ciudadano queda en una posición procesalmente débil. No discute solo contra un funcionario: discute contra una cadena tecnológica que se presenta como objetiva.
Pero las máquinas no “ven” como los seres humanos. Una herramienta de visión computacional no comprende la escena. Convierte una imagen en datos, identifica patrones, compara probabilidades y entrega una estimación. Puede estimar que un objeto se parece a un teléfono. Puede estimar que una franja no corresponde a un cinturón de seguridad. Puede estimar que seis caracteres corresponden a una patente determinada. Pero estimar no es probar; clasificar no es juzgar; detectar no es decidir.
Ahí aparece la función (hasta ahora) insustituible del juez.
En los próximos meses y años, muchas infracciones llegarán a los juzgados precedidas por una operación técnica que el tribunal no habrá visto directamente: una cámara captó, un algoritmo filtró, un sistema clasificó y un funcionario validó. El juez deberá decidir si ese itinerario satisface las exigencias mínimas del debido proceso, de la contradicción, de la motivación y de la razonabilidad.
No se trata de exigir que el juez de policía local se convierta en ingeniero, programador o auditor de sistemas. Esa sería una expectativa absurda. Pero sí deberá desarrollar una competencia nueva: saber formular las preguntas correctas.
¿La imagen permite verificar humanamente la infracción? ¿La alerta fue revisada por una persona competente antes de cursar la sanción? ¿Existe documentación técnica mínima del sistema utilizado? ¿Se conoce su margen de error? ¿Se registró la intervención humana? ¿El ciudadano cuenta con información que le permita controvertir la prueba? ¿Se puede explicar cómo se produjo la imputación? ¿La conclusión del sistema es un dato auxiliar o se transformó, de hecho, en la decisión misma?
Estas preguntas serán esenciales, porque la gran tentación de la justicia algorítmica será confundir eficiencia con verdad. La inteligencia artificial puede ayudar a ordenar el caos urbano, pero no puede suspender las garantías del procedimiento. Puede acelerar la detección de infracciones, pero no puede convertir la sanción en un trámite automático. Puede iluminar hechos, pero también puede oscurecerlos detrás de una apariencia de neutralidad.
La actitud del Juzgado de Policía Local, por tanto, no debe ser ni el rechazo nostálgico ni la obediencia fascinada.
Rechazar la tecnología por miedo sería un error. La inteligencia artificial bien utilizada puede mejorar la seguridad vial, reducir conductas peligrosas, optimizar recursos escasos, liberar tiempo funcionario y hacer más eficiente la gestión de causas. Sería irresponsable negar esas posibilidades. De hecho, en proyectos implementados en Australia y Reino Unido ya ha probado su poder para reducir accidentes de tránsito y muertes asociadas a esas conductas.
Pero aceptarla sin distancia crítica sería un error mayor. En materia sancionatoria, la eficiencia nunca basta. Una decisión rápida puede ser una mala decisión. Una prueba técnicamente sofisticada puede ser jurídicamente insuficiente. Un sistema de alta precisión puede producir injusticias si no permite defensa, explicación ni revisión.
La virtud jurisdiccional que exigirá esta nueva etapa no será la sospecha permanente, sino la duda razonable. No una duda paralizante, sino una duda institucionalmente saludable. La duda que pregunta antes de sancionar. La duda que exige ver la imagen completa y no solo el número de patente. La duda que distingue entre el hecho captado y la calificación jurídica. La duda que recuerda que una alerta no es una sentencia.
Ese será probablemente uno de los mayores desafíos de los Juzgados de Policía Local: impedir que la automatización transforme el procedimiento sancionatorio en una cadena de confirmaciones mecánicas. Porque cuando un sistema etiqueta una conducta como infracción, el resto del aparato institucional tiende a seguir esa ruta. El funcionario confía en la cámara. La municipalidad confía en el proveedor. El proveedor invoca la sofisticación técnica. El ciudadano queda obligado a demostrar que la máquina se equivocó.
Y allí el juez debe interrumpir la inercia.
Debe hacerlo no para obstaculizar la innovación, sino para hacerla jurídicamente aceptable. La inteligencia artificial solo será legítima si se incorpora dentro del Estado de Derecho, no al margen de él. Y eso supone que las municipalidades y los órganos fiscalizadores no podrán limitarse a comprar sistemas tecnológicos como si adquirieran mobiliario urbano. Si esos sistemas producen efectos sancionatorios, deberán poder explicarlos, documentarlos, auditarlos y someterlos a contradicción.
Un sistema que no puede ser explicado no debiera servir, por sí solo, para sancionar. Una imagen que no permite verificar la infracción no debiera ser suficiente solo porque un algoritmo la etiquetó. Una patente leída automáticamente no debiera prevalecer sobre una fotografía que muestra otro vehículo. Un resumen generado por inteligencia artificial dentro del tribunal no debiera sustituir la lectura del expediente.
La justicia local tiene, entonces, una oportunidad histórica. Puede ser el lugar donde la inteligencia artificial se incorpore de manera prudente, útil y respetuosa de los derechos. O puede convertirse en el laboratorio silencioso de una automatización sancionatoria difícil de discutir para el ciudadano común.
Por eso importa tanto la actitud de los jueces de policía local. Ellos no estarán en la periferia del cambio tecnológico. Estarán en su primera línea. Allí donde la tecnología prometa certeza, deberán conservar prudencia. Allí donde prometa velocidad, deberán exigir motivación. Allí donde prometa eficiencia, deberán recordar que el objetivo final del procedimiento no es la recaudación, ni la estadística, ni la comodidad administrativa, sino la justicia de la decisión.
La inteligencia artificial ya está entrando a la ciudad. Está en las cámaras, en los sensores, en los lectores de patentes, en las plataformas de gestión, en las herramientas que clasifican documentos y en los sistemas que prometen ordenar lo que antes parecía inmanejable. No corresponde cerrar los ojos ante esa realidad. Pero tampoco corresponde arrodillarse ante ella.
En la justicia local del futuro próximo, el juez no necesitará saber programar. Pero sí necesitará saber preguntar. Y esa capacidad —tan antigua como la justicia foral— será más importante que nunca.
La máquina podrá decir que algo ocurrió. Podrá decirlo rápido, con precisión aparente y con lenguaje técnico. Pero solo un juez podrá decidir qué significa eso para el Derecho.
Esa es la frontera que se aproxima. Y llegará primero a los Juzgados de Policía Local.