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«Tu empresa en un día» o el Estado delincuente

Tal vez muchos de nuestros ciudadanos han usado o piensan utilizar el servicio «Tu empresa en un día», un sistema de registro electrónico de empresas y sociedades a cargo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ideado para facilitar la constitución legal de sociedades a las personas que inician emprendimientos y empresas, lo que pueden hacer a través de una plataforma electrónica sencilla de usar y con resultados a costos reducidos.

Dicha plataforma permite a los futuros socios o emprendedores ir “armando” la empresa o sociedad del modo que mejor deseen, pues una vez que señalan el nombre y el giro al que se dedicarán, pueden elegir tanto entre las opciones que les ofrece el propio sistema o también pueden establecer para la empresa las características especiales que los socios acuerden; finalmente, los participantes sellan el pacto social a través de la suscripción del documento con Firma Electrónica Avanzada o, si carecen de ella, concurriendo ante un Notario Público que da fe de la identidad de los intervinientes y suscribe los estatutos de la nueva sociedad con su propia Firma Electrónica Avanzada.

Y ahí nace a la vida jurídica, pura y prístina, con traje a estrenar, la nueva empresa, cuyo orgánica descansa en el texto pactado por los socios, el que permanecerá inalterable hasta que ellos mismos decidan darle nuevos aires al negocio, modificándola en cualquier sentido.

Certificado del año 2018 (original).

A partir de ese momento la plataforma de «Tu empresa en un día» permite, a los socios y todo el mundo, solo conociendo el número de RUT de la empresa, obtener una copia electrónica de los estatutos de la sociedad, de forma de verificar el nombre de los socios y ver qué fue exactamente lo que pactaron, siendo una copia auténtica para todos los efectos: de hecho viene firmada por un representante del Ministerio de Economía que CERTIFICA que lo que está frente a ti son los estatutos de la sociedad “que los socios o constituyente han suscrito conforme a la ley”.

Es una muy buena iniciativa, o esa creía hasta hoy cuando, comparando el certificado del estatuto que mis clientes firmaron hace meses (una empresa de venta de indumentaria de seguridad), con el certificado que el sistema me ofrecía ahora, me di cuenta que el documento había sido adulterado y le faltaban múltiples disposiciones, desapareciendo de golpe, entre otros, un gerente, un representante legal y ciertas reglas especiales establecidas por los socios sobre cómo querían llevar adelante la gestión de la empresa. Y para todos los efectos legales, la copia adulterada decía que ella era la auténtica, aun cuando los socios de la empresa habían consensuado un texto diferente.

Certificado del año 2019 (adulterado).

Alarmado, en el acto llamé al call center de «Tu empresa en un día» para dar cuenta de la adulteración de un documento público o auténtico, pero el operador me indica, despreocupadamente, que desde agosto pasado ellos decidieron modificar los estatutos sociales eliminando los artículos o disposiciones que los socios establecían como transitorios. Total, me decía, “por algo son transitorios”.

Finalmente el asesor telefónico me señaló que habían decidido el cambio por presión de los Bancos, a los cuales no les gustaban las disposiciones transitorias que acordaban las personas en uso de sus derechos.

Desde ese momento y hasta que escribo estas líneas, no salgo del asombro: los contratos de sociedad ya no son los documentos que firmaron quienes quisieron ser parte del pacto social, ni tampoco los que autentificaron con su firma los notarios públicos, sino que su contenido depende de la voluntad del Ministerio de Economía (y del lobby de los Bancos, parece), cuyos funcionarios comparecen firmando automáticamente los certificados falsificados.

Y digo “falsificados” porque esos son los términos que utiliza el Código Penal, cuando en su artículo 193, bajo el epígrafe “De la falsificación de documentos públicos o auténticos”, dice que será castigado con prisión de 3 a 10 años de cárcel el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad dando copias fehacientes de un documento diferente del que consta en el verdadero original.

Y eso es lo que está ocurriendo en «Tu empresa en un día»: un funcionario público está entregando como auténticos “certificados” de documentos que son deliberadamente diferentes de los que suscribieron los socios.

Ahora, más allá de los aspectos delictuales, lo realmente grave es el quiebre de la confianza pública: de hecho los documentos de «Tu empresa en un día» están perjudicando a quienes los usan en su día a día en el ámbito de las transacciones comerciales, algunos de los cuales han visto desaparecer sus facultades de administración e incluso las menciones de los aportes que han realizado a las empresas.

Pero considero todavía peor que, después de tantos y tan caros esfuerzos que se han desplegado por entidades públicas y privadas para que los ciudadanos adopten firma electrónica, las promesas de seguridad. integridad y certeza jurídica asociadas a la misma terminen sucumbiendo ante las malas prácticas de quienes debían garantizar nuestra confianza.

 

ACTUALIZACIÓN: A las 13:00 horas del 17 de abril de 2019, el problema de las cláusulas desaparecidas fue solucionado; sin embargo, en la medida que el contenido de los certificados de estatuto social sigan siendo modificables a voluntad de quien custodia los estatutos digitales, la fe pública electrónica continúa en crisis.
NOTA: Actualmente el Congreso Nacional tramita tres iniciativas que reforman el sistema registral y a los notarios públicos, correspondientes a los boletines Nº 5836-07 (sin movimiento), 9059-07 y 8673-07 (activos y refundidos), que modernizan e incorporan tecnologías a la labor de dar fe pública de los hechos. Es imprescindible que la tramitación de la ley considere un modelo tecnológico que impida la adulteración de los registros.

 

Carlos Reusser

Abogado, Univ. de Chile. Magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Univ. Católica de Chile y Máster en Informática y Derecho por la Univ. Complutense de Madrid. Docente universitario. Consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

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