Hace un par de días, y a propósito del monitoreo de las redes sociales que hace el Gobierno en Internet, leí la columna “Carta abierta a un (paranoico) usuario de redes sociales”. El autor es un profesor de teoría constitucional que centra su argumentación en afirmar que se trata de una situación “enteramente legal”, porque no la castiga expresamente el Código Penal, y que escribir comentarios en Twitter y Facebook es equiparable a formular opiniones políticas públicas en una plaza. Ah, y que el que no lo entiende de esa manera adolece de un estado mental delirante.
Afortunadamente poco y nada de lo anterior es atendible, por razones muy sencillas.
Imagine que efectivamente usted está conversando en una plaza pública ¿tiene entonces el Gobierno el derecho de instalar cámaras para registrar sus conversaciones y la de los intervinientes?.
Lo pregunto de otra manera, ¿se comporta la gente de forma normal cuando sabe que está siendo grabada?.
Evidentemente que no, y por ello esa acción gubernamental tiene el potencial de dañar gravemente la libertad de expresión, uno de los pilares de la democracia: por una parte la gente no es libre de opinar al prever las consecuencias que le puede acarrear su opinión (que te llamen del Ministerio de Interior para que expliques lo que dijiste de Hinzpeter en Twitter, como le ocurrió al periodista Juvenal Rivera) y por otra caemos en una ilicitud manifiesta del Gobierno, quien para vigilar electrónicamente lo que dicen las personas debe contar necesariamente con una autorización judicial previa y acotada a situaciones y plazos determinados.
Agrega el señalado profesor que lo que realmente persigue el Gobierno es saber de qué se está hablando y que cosas le interesan a la gente. Ya.
¿Y no se les ha ocurrido ir a preguntarles, antes de pagar un sistema de espionaje a costa del erario nacional?. De los mil y un mecanismos de participación y consulta ciudadana, ¿debían elegir el ilegítimo?.
Pero ese no es el problema de fondo, sino el principio del mismo: Chile carece actualmente de una legislación de nivel adecuado para la protección de datos, lo que se traduce en que todos los días alguien a quien no conocemos y que cree saber algo de nosotros, toma decisiones arbitrarias a nuestro respecto, privándonos de derechos como la salud, la educación y el trabajo, tal como debe haberlo comprobado más de algún lector en carne propia.
¿Por qué es esto posible?. Por la desidia de la clase política que creó leyes de protección de datos preteriendo los derechos fundamentales, unida a la asombrosa pasividad de los gobernados que solo reaccionan por el breve lapso en que los abusos cometidos aparecen en el noticiario de televisión.
Una última cosa: contrariamente a lo que dice el artículo en comento, Facebook no es una red pública, sino más bien un servicio de libre disponibilidad, lo que es muy diferente. Usted puede acceder al mismo porque ha creado una cuenta protegida con un código secreto, y los comentarios que emite son para ser leídos por quienes usted defina dentro de dicho servicio, y no por nuestros bien amados gobernantes, tan interesados en oírnos opinar como en privarnos del derecho de votar en plebiscitos.