Hace algunas horas me enviaron un correo muy curioso: es una carta colectiva disponible en línea y abierta a la suscripción destinada a ser enviada al Ministro de Justicia y a los presidentes de ambas cámaras del Congreso, promovida por un grupo de profesores de Derecho que cuestionan el contenido del proyecto de ley de protección de datos, recientemente aprobado en Comisión Mixta.
Invitan a firmarla sosteniendo en el email remisor que «El artículo 25 del Proyecto regula el tratamiento de datos relativos a infracciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias, permitiendo que estos sean tratados únicamente por organismos públicos. Esta norma, desafortunadamente, excluye el acceso libre a la jurisprudencia judicial y administrativa», cuestión que es absolutamente falsa, según explicaremos más adelante.
Sostienen además que la nueva ley de protección de datos es una «restricción a la publicidad de las decisiones judiciales y administrativas, lo que socava un pilar fundamental del Estado de Derecho».
Por alguna razón que se me escapa, estos académicos parecen creer que, con la nueva ley, las sentencias dejarán de ser públicas, ¡pero esto no es para nada cierto! Leer más
El asunto es simple, lo he visto en la Clínica Santa María y en la Clínica Las Condes, y no tengo razones para creer que no se repite en otras instituciones que utilizan el sistema i-Med de verificación de identidad: se hace enrolar a niños mayores de 6 años en el sistema (“ponga el dedito aquí”) y automáticamente con ello celebran un contrato por el cual una empresa se apropia ilícitamente de los datos personales de nuestros hijos.