¿Qué es lo realmente secreto del «Informe Big Data» del Gobierno?

Como es de público conocimiento el día 19 de diciembre de 2019 el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, entregó al Fiscal Nacional un documento con “información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología Big Data”.

El documento, que mediáticamente pasó a ser conocido como “Informe Big Data”, contenía información clara de organizaciones foráneas que incentivan la violencia política, según sostuvo la Ministra Secretaria General de Gobierno, y estaba totalmente en línea con las afirmaciones del Presidente de la República, quien ya había anunciado que Chile se encontraba en guerra con un enemigo poderoso y que el malestar social y la violencia han sido orquestados por una intervención extranjera.

El contenido exacto del “Informe Big Data” se ha mantenido en secreto, bajo la excusa de que el Ministerio Público debía investigar las líneas que se desprendieran de él, aun cuando dicha institución señaló rápidamente que no se trataba de información de inteligencia, que tenía escasa utilidad y que más bien era un informe especulativo elaborado con datos obtenidos de fuentes abiertas encontradas en Internet.

En medio de dimes y diretes entre el Gobierno y el Ministerio Público, el diario La Tercera tuvo acceso al informe y el domingo 22 de diciembre publicó una síntesis de su contenido: se trataba de un documento que, en 112 páginas, señalaba esencialmente que había en redes sociales (Twitter, más específicamente) cuentas nacionales y extranjeras que apoyaban las movilizaciones sociales, así como otras que apoyaban al Gobierno (nada novedoso), que había un 30% de contenidos sobre Chile que venían del extranjero (la crisis política chilena es de interés internacional), y que los agitadores relevantes eran el canal Actualidad RT (“los rusos”), teleSUR (“los chavistas”), políticos argentinos, cantantes y otras figuras del mundo artístico.

El informe también destacaba como activistas en Chile del descontento social y la violencia a una comediante, a varios miembros de la selección nacional de fútbol, a políticos comunistas y del Frente Amplio, algunos medios digitales y a los jóvenes aficionados al pop coreano, que operaban a través de Twitter.

Ante tales revelaciones la ciudadanía y los especialistas pasaron rápidamente del estupor a la burla, haciendo escarnio público tanto del contenido del informe como de la falta de “sofisticación” mental de las autoridades que lo avalaron sin cuestionamientos, sobre todo porque hay varias razones para hacerlo.

La primera de ellas es que revisar los comentarios y hashtags publicados en Twitter no es big data, sino que se parece bastante más a minería de datos: tengo un montón de datos y los exploro a fin de encontrar correlaciones ocultas entre ellos. Así los supermercados descubrieron, por ejemplo, que mientras más cerca ponen los pañales de bebé de las cervezas, más cerveza se vende. Pero claro, para llegar a conclusiones confiables, debe tratarse de datos fiables y estructurados.

En cambio, lo característico del big data no es solo el tratamiento de grandes volúmenes de datos sino, y esto es lo que lo diferencia de la minería de datos, que dicha operación se hace casi en el momento mismo en que los datos se van generando, de suerte que puedes ir proyectando lo que va a ocurrir, incluso cuando se trata de comportamientos humanos. Por eso es que algunas de sus aplicaciones pueden resultar peligrosas para la democracia y los abogados (e ingenieros) debemos estar particularmente atentos a sus usos. Por cierto, los datos pueden estar estructurados o desestructurados (lo que requiere de algoritmos capaces de procesar adecuadamente el fenómeno que analiza), pero siempre deben ser fiables.

La segunda cuestión que suscitó la desconfianza pública eran las conclusiones del reporte, tan coincidentes con los postulados del Gobierno y tan faltos de sentido común. O dicho de otro modo: la gente protesta en las calles por un modelo económico, político y social que los exprime como limones hasta el día de su muerte, y no por lo que dicen en Twitter figuras de la farándula y seguidores del K-pop.

En relación a este punto, la verdad no tardó en aparecer, pues científicos de datos de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile revelaron que el 6 de noviembre les había convocado la Jefe de Gabinete del Presidente Sebastián Piñera para pedirles que demostraran las conclusiones que el Gobierno ya tenía preparadas: que detrás de toda la protesta social había “injerencia extranjera”, que es la postura del Presidente, quien ha afirmado ante los medios tener pruebas de que detrás de la crisis hay intervención de gobiernos extranjeros, con tecnología de punta y una organización militar.

Por supuesto que los académicos se negaron y advirtieron que lo que les pedían no se podía hacer, tanto por razones técnicas como éticas, y quien les ofreciera hacer algo así, no era más que un vendedor de humo del que había que cuidarse por su absoluta falta de rigor científico.

Y cuando el escándalo estalla en la opinión pública y el Congreso Nacional empieza a hacer preguntas, ocurre un milagro: el Gobierno ya no reconoce su informe-estandarte, y la Subsecretaría del Interior anuncia que el reporte, ese que el Ministro del Interior le entregó al Fiscal Nacional, “no fue encargado ni realizado por el Gobierno de Chile, ni tampoco fue financiado con recursos públicos”, dando a entender, poco menos, que el Informe Big Data se materializó de la nada en las manos del Director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Eso porque, que yo recuerde, el edificio de la ANI no tiene un buzón para depositar informes anónimos y ningún hijo de vecino puede tocar la puerta, pedir audiencia con el Director, entregarle un reporte y terminar ese documento en manos del Ministro del Interior, como digno de fe.

Con el correr de los días, el diario La Tercera complementó su primicia señalando que el informe fue elaborado por la empresa española Alto Data Analytics, que no tiene oficinas en Chile, lo que nos lleva a un asunto particularmente interesante.

¿Cómo puede aparecer en manos del Gobierno un informe de 112 páginas, con un contenido hecho especialmente para el “cliente”, sin que fuera financiado con recursos públicos?.

La verdad es que no lo sé, pero para concluir estas líneas puedo contarles una fórmula que permite que los Gobiernos compren “cosas” sin que, aparentemente, el dinero salga de las arcas públicas.

No les estoy diciendo que ese es el mecanismo usado en este caso concreto, ni que sea legal, pero es factible y prácticamente indetectable.

Como muchos sabrán, el Estado suele establecer Convenios Marco con determinadas empresas que se acreditan para ello, que es una modalidad especial que genera un canal de venta privilegiado por el cual, una vez que las empresas cumplen ciertos requisitos, se convierten en proveedores regulares del Estado para ciertos productos y servicios.

Y los Convenios Marco se prestan para una práctica singular, basada en las relaciones de “confianza” y amistad de los participantes: se simulan altos precios por determinados servicios y los excedentes son fondos de libre disposición para el Gobierno.

Lo explico con un ejemplo: yo, Gobierno, necesito contratar un servicio que vale $20, pero llego a un acuerdo con una empresa que está dentro de los Convenios Marco (lo que ahorra tiempo y explicaciones) y le pago $100. Pero lo que hemos acordado en privado es que él se quedará con $40, y los otros $60 están a mi libre disposición y se los pagará a quién yo le diga. Si repito la operación con varias empresas, tendré suficientes “bolsillos” de dinero repartidos por distintas partes como para pagar lo que se me venga en gana y sin darle explicaciones a nadie.

Luego, puedo sostener ante la ciudadanía que yo, Gobierno de Chile, no he comprado lo que dicen que compré (en realidad, lo pagó la empresa “x”), y el único peligro es que alguien descubra la trama, lo que es extraordinariamente difícil si consideramos que las empresas también se benefician al recibir dinero por nada.

Por supuesto, lo que les acabo de exponer es un ejercicio teórico, pero revela a las claras que lo realmente importante no es conocer el contenido del «Informe Big Data», sino saber cómo se encargó y quién lo pagó.