A principios del mes de agosto de este año, en San Bernardo, un delincuente robó un automóvil a su conductor en el momento en que entraba con él al hogar (un “portonazo”, en nuestra jerga nacional); tras huir el asaltante del lugar las víctimas (padre e hijo) le persiguieron en otro vehículo, lo alcanzaron, lo derribaron y terminó asesinado a golpes.
Conocidos los hechos por nuestra opinión pública, siempre tan sedienta de sangre y enfervorizada partidaria de la “justicia ciudadana”, una gruesa parte de ella clamó porque a los homicidas se les aplicara una exención de responsabilidad penal conocida como legítima defensa, figura jurídica que beneficia a quienes dañen (o maten) a otro en defensa de su persona o derechos. Leer más