Desde hace varios años las Escuelas de Derecho, la Corte Suprema y el Colegio de Abogados están enfrascados en discutir sobre el establecimiento de un examen nacional único para quienes deseen ejercer la profesión de abogado.
Pretenden con este planteamiento alcanzar cierta uniformidad, tanto en el nivel de conocimientos mínimos como en la calidad de los servicios que puedan ofertar quienes aspiran a representar los derechos e intereses de los demás, cuando la verdad es que el problema crítico es completamente diferente y ajeno a esta discusión.
La cuestión central es que al titularse los abogados reciben una especie de licencia habilitante (o “patente de corso”, si lo vemos con humor negro) que les autoriza para abordar indiscriminadamente cualquier problema, ya sea de familia y herencia, casos criminales, responsabilidad médica, luchas por derechos de aguas, tributos, conflictos en internet, etcétera, sin exigírseles contar con los conocimientos y destrezas profesionales necesarias que cada área requiere.
Y esto es lo que verdaderamente produce la crisis del sistema jurídico que se manifiesta, entre otras expresiones, en la insatisfacción de la ciudadanía por el aumento de los casos de impunidad y error judicial, en la agudización del deterioro de la imagen pública del Poder Judicial y de los abogados, así como insistentes quejas por la mala formación de los profesionales del Derecho.
Lo explico desde otra óptica: si usted lector tiene un problema cardiaco, ¿recurre al nefrólogo, al psiquiatra, al oftalmólogo? Todos ellos recibieron el título de médico cirujano, pero sus especiales competencias no les llegaron automáticamente con el título, sino que necesitaron de estudios de especialización, horas de experiencia y evaluación de destrezas antes de poder, en este ejemplo, hacerse cargo de las afecciones del corazón y del aparato circulatorio de las personas, pero no de las dolencias que afectan a las articulaciones o a los bronquios.
Los “abogados universales” no tenemos esa limitación. Podemos experimentar con la libertad de las personas, con su patrimonio, con sus relaciones de familia, etc, e incluso, con su capacidad para hacerse cargo de sí mismas, sin que nadie se pregunte si la asesoría jurídica o la representación es conducida por quien tiene los conocimientos y destrezas necesarios para brindarla.
Propongo entonces no centrarse en un examen único, que parece ser la solución a otros problemas, sino desarrollar el planteamiento de cómo lograr validar conocimientos y destrezas en áreas determinadas, a través de certificaciones de idoneidad.
Al respecto, resultan inspiradores los mecanismos que utilizan las sociedades médicas para validar las competencias de los profesionales que solicitan su ingreso a las mismas, pues no les basta que se trate de médicos cirujanos, sino que exigen acreditar estudios en áreas específicas, publicaciones en revistas especializadas, cursos y talleres de perfeccionamiento, además de otros requisitos orientados a dar fe que los asociados cumplen con los estándares necesarios para el ejercicio profesional.
Y ello, sin casi mencionar que existen otras certificaciones que les habilitan para la práctica de algunos procedimientos particularmente delicados y que deben renovarse periódicamente para garantizar que se trata de un profesional que se encuentra “al día” con el avance de la técnica.
En el fondo, se trata de métodos de reconocimiento entre pares que se reconocen como tales, en la medida que la formación y experiencia sean homologables y la verdad es que no veo razones atendibles para aplicar reglas distintas a una u otra profesión pues, trasladándonos a otros ámbitos, ¿cómo reconvertimos a un periodista deportivo en periodista científico sin la necesaria especialización?
En este contexto, cabe preguntarse razonadamente para qué se promueven o de qué sirven a la ciudadanía, en general, los exámenes únicos nacionales, caros y difíciles de implementar, si en definitiva harán pervivir las mismas fallas que se quieren solucionar, a través de un camino pavimentado de falsas esperanzas.