El año 2010 escribí una columna, publicada por el diario «El Mostrador», en que denunciaba que, en nombre de la transparencia pública, el Consejo para la Transparencia había optado por transgredir el tenor literal de la ley electoral a fin de entregar a todos los interesados (la banca y las compañías de seguros, entre ellos) los datos electorales de los chilenos, incluso los denominados sensibles, que son aquellos respecto de los cuales su solo conocimiento por el público, permite practicar discriminaciones arbitrarias respecto de las personas, como son los datos sobre discapacidades.
Ahora el Consejo para la Transparencia ha dado un paso más allá, pasando derechamente a la voluntariedad política, pues aun cuando proclama a los cuatro vientos que ella es una institución que se ocupa de proteger los datos personales de todos los chilenos (los que están en poder de la Administración Pública), no está dispuesto a cumplir ese rol si con ello tocan a una autoridad política de su preferencia.