Hace algunos días, una empresa me informó —con visible satisfacción— que ya había designado a su delegado de protección de datos personales. La noticia, en principio, era alentadora. No pregunté por experiencia previa en el cargo —sería injusto hacerlo—, porque en Chile no más de una veintena de personas puede afirmar, con propiedad, haber ejercido realmente como delegado de protección de datos.
Opté, en cambio, por una pregunta más básica y exigible: qué formación certificada tenía para desempeñar la función. La respuesta fue, digamos, ilustrativa: ninguna en particular. Pero —se me explicó— era alguien de absoluta confianza, con años en la organización y una sólida trayectoria defendiendo los intereses de la empresa.
La escena resume, con precisión casi pedagógica, uno de los errores más frecuentes y más serios en la implementación de sistemas modernos de protección de datos: creer que el delegado está para proteger a la empresa como si fuera su abogado interno. No lo está. O, al menos, no en el sentido tradicional. Leer más
