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Mencionar a alguien en redes sociales, ¿es una operación de tratamiento de datos?

Vivimos bajo una paradoja: mientras navegamos por redes sociales con la sensación de ejercer nuestra libertad sin costo alguno, nos convertimos en la mercancía principal del mercado de datos personales. Cada publicación, cada «Me gusta», cada simple búsqueda se transforma en datos comercializables que alimentan perfiles de consumo cada vez más sofisticados.

Sin duda, la información personal se ha convertido en la divisa del siglo XXI; cuando cerramos sesión en un computador, ya hemos dejado tras nosotros un rastro digital que paga con largueza el importe de los servicios utilizados, aunque no nos lo expliquen de esa manera.

Todo ello se amalgama con la demás información de nuestro perfil de usuario que las plataformas obtienen de otras fuentes y que venden o explotan sin que, muchas veces, medie una genuina comprensión por nuestra parte de lo que estamos entregando.

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A propósito de princesas: límites de la videovigilancia en centros comerciales

Ha ocurrido un hecho singular: la princesa de Asturias visitó el centro comercial Zona Franca en Punta Arenas y la administración del establecimiento, tal como ha reconocido públicamente, la grabó en video y no tuvo idea más feliz que entregar dichas imágenes a los medios de comunicación social (“Las imágenes que han circulado fueron entregadas a los medios de comunicación previa solicitud a Zona Franca de Punta Arenas con fines periodísticos”, según el comunicado del establecimiento que publica Hola!).

Entonces, de acuerdo a lo que informa el diario El País, la Casa Real española pidió a la embajada en Chile denunciar la infracción de la normativa de protección de datos personales por parte del centro comercial.

Desde un punto de vista jurídico, lo que ha ocurrido es fácil de explicar, aun cuando el comportamiento del establecimiento comercial sea inexplicable:

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¿Cómo formarse profesionalmente en protección de datos personales por muy poco dinero?

Hasta hace muy poco, la protección de datos personales era un tema que a nadie importaba, pero con ocasión de reformas legislativas, actualmente existe una amplia demanda por parte de las profesiones jurídicas en adquirir conocimientos y formación en el ya antiguo tema de la protección de datos personales, y también en lo que se ha venido en llamar derechos digitales.

Sin embargo, uno de los problemas para iniciar esa aventura es que los programas de formación disponibles en Chile son caros, con aranceles que llegan a los $2.000.000, que no tienen garantía de contratación inmediata, que exigen una importante dedicación de tiempo y, adicionalmente, solo te entregan una titulación de diploma. Leer más

El futuro de la ley chilena de protección de datos

Como sabéis, el día viernes 25 recién pasado en Santiago se realizó, por la Unión Europea, un seminario con motivo de la entrada en vigencia de su Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), llamado a constituirse en un estándar transfronterizo en la materia. En realidad ese día se realizó este evento en 3 lugares del mundo: Bruselas, Nueva Delhi y Santiago de Chile, pues todo indica que somos uno de los países prioritarios para la Unión Europea.

Tal vez la razón de ello es que nuestro país suscribió un tratado internacional vigente, el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, que dice textualmente en su Artículo 202 “Las Partes acuerdan otorgar un elevado nivel de protección al procesamiento de datos personales y de otra índole, compatible con las más altas normas internacionales”. Leer más

El rapto del proyecto de ley de protección de datos personales

Hay días en que las noticias son tristes, pero cuando afectan innecesariamente los derechos fundamentales de las personas, también son amargas.

Se los explico en detalle: como ustedes bien saben, hace mucho que los países descubrieron que el procesamiento automatizado de datos personales y el tráfico de los mismos, destruye el sistema de derechos fundamentales, haciendo vulnerables a las personas en su día a día.

¿Cómo ocurre eso?. Pues simple: de poco o nada sirven los derechos de las personas establecidos en forma grandilocuente en las Constituciones Políticas si determinadas personas, empresas e instituciones, gracias a la informática y el tráfico de los datos personales o una conexión a Internet, creen saber algo de ti y toman una decisión arbitraria a tu respecto. Entonces, ¿de qué sirve tener el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda o a la educación si cualquiera, creyendo saber algo de ti (que no te dice qué es ni de donde lo obtuvo), y aprovechándose de una legislación defectuosa, declina contratarte, te rechaza en la Isapre, decide no arrendarte un lugar para vivir o no permitir que tus hijos ingresen a un colegio?. Leer más

Chile y el derecho al olvido

Hace algunos días, y haciéndose eco de una discusión de otro continente, un grupo de senadores presentó un proyecto destinado a reconocer en nuestro país el “derecho al olvido”.

¿Es un derecho nuevo?.

No, en absoluto. De hecho ese derecho ya existe en nuestra tortuosa ley de “protección de la vida privada” (no se engañe, no crea usted que le va a proteger de algo), aunque no tiene ese nombre y no es otra cosa que el derecho de obtener de quien controla algún determinado dato personal nuestro, su eliminación.

Me explico: aunque no lo crea, usted tiene el derecho a decidir qué datos de sí mismo pueden divulgarse y la forma en que pueden ser utilizados. La única forma de “saltarse” su autorización es que exista una ley que así lo establezca. Por ejemplo, los datos sobre ciertos tipos de deudas son tratados y comercializados por empresas, como DICOM, solo porque la ley le permite hacerlo sin nuestro consentimiento. Leer más