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La madre de todas las batallas: la escritura pública digital

Mientras usted lee esta columna, soterradamente se está librando en tribunales una lucha épica que tiene enfrentados, por una parte, a la Asociación de Notarios y Conservadores y, por otra, a la titular de la Décima Notaría de Santiago, Valeria Ronchera.

Y aunque parezca una disputa entre privados, en realidad tiene alcances que afectan a todos los ciudadanos que requieren servicios de fe pública, como explico a continuación.

El asunto partió en abril pasado, cuando el juez del 11º Juzgado Civil de Santiago requirió a la Décima Notaría otorgar, en procedimientos de remate, dos escrituras públicas de adjudicación en formato electrónico, a lo que la Notaría accedió, previo estudio del marco normativo vigente.

Ese marco normativo incluye a la Ley Nº 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma (más conocida como «ley de firma electrónica»), que hace posible que los documentos electrónicos tengan valor jurídico y que incluso hacen plena prueba respecto de quienes los firmaron, la fecha y hora en que lo hicieron y las declaraciones que formularon, en la medida que sean suscritos con firma electrónica avanzada. Leer más

Cómo leer la Ley de Transformación Digital del Estado

Como alguno de ustedes sabrá, en su momento fui asesor jurídico de la ahora Ley Nº21.180, de Transformación Digital del Estado (su tramitación parlamentaria es mérito de Andrés Bustamante).

Por eso me alegré de sobremanera cuando, en un seminario internacional organizado por la P. Universidad Católica de Valparaíso y realizado en julio recién pasado (que pueden ver en Youtube), los administrativistas Eduardo Cordero y Camilo Mirosevic, elogiaron la buena calidad de la misma.

Pero una tercera panelista planteó, con cara de haber descubierto el árbol del pan, que dicha ley era innecesaria, pues igualmente podía llevarse adelante el proceso de transformación digital sin necesidad de ella.

Y tiene razón, pero el problema es que estaba describiendo el árbol sin ver el bosque: a pesar de que desde hace mucho existían las herramientas legales que posibilitan la digitalización del Estado, salvo situaciones excepcionalísimas, ello nunca ocurrió.

Entonces, para leer correctamente la Ley Nº 21.180 y no perderse, les daré una panorámica del ideario que estaba detrás de la reforma. Leer más

¿El CSIRT del Ministerio del Interior es un censor político en Internet?

En las redes sociales de los activistas informáticos ha aparecido un documento singular. Se trata de un supuesto correo electrónico del asesor legal del Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática del Ministerio del Interior (CSIRT) en la cual, en nombre del Gobierno de Chile, se dirige a un prestador de servicios de hosting de Alemania exigiéndole la bajada de un sitio web.

Quiero ser muy claro en esto: no tengo la certeza de que el documento sea auténtico, pues si bien la identidad y cargo de quien suscribe el requerimiento se corresponde con el de un empleado del Estado de dicha repartición, el contenido es muy irregular, e incluso utiliza un lenguaje que no reconozco como propio de la profesión.

La misiva publicada, dirigida a la empresa alemana Hetzner, dice:

«En nombre del Gobierno de Chile, le solicitamos que elimine el dominio https://www.opchile.org/ (…) está alojando un dominio ciberterrorista que pertenece a ANONYMOUS (…) El dominio se está utilizando para promover ataques cibernéticos contra la infraestructura crítica del Estado chileno, distribuir información confidencial, hacer amenazas, incitar al odio, la violencia y las noticias falsas, distribuir malware, violación de derechos de autor y otras actividades (…) y está obligado a eliminar el dominio específico debido a la DMCA (Digital Millennium Copyright Act), pues el video del sitio web infringe los derechos de autor del Gobierno de Chile [logotipo]»

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¿Y si el futuro fueran las cooperativas?.

Como el lector sabe en carne propia, Chile y su modelo económico es un diseño creado para ordeñarnos hasta nuestro último suspiro. Para llevar un nivel de vida aceptable no solo debemos soportar abusos de todo orden, sino que también es necesario contratar créditos que siempre estaremos pagando y, cuando ya no tengamos más capacidad de crédito por nuestra avanzada edad, probablemente terminaremos suicidándonos (después de la enfermedad, el suicidio es la causa más común de muerte entre los ancianos de nuestro país).

¿Podemos construir un escudo que nos mantenga aislados de esta particular rueda del destino nacional?.

Andrés Bustamante y Hanna Back Pyo han estado trabajando sobre esta idea y creen haber encontrado una salida, revisitando la idea de la organización económica y social en base a cooperativas, pero ahora con una vuelta de tuerca que antes era imposible. Leer más

Derecho a la salud vs. protección de datos personales: una polémica artificial

Desde hace semanas cobra fuerza un debate singular: aquel que, con ocasión de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, contrapone el derecho a la salud frente al derecho a la protección de datos personales, dicotomía alimentada tanto por los activistas de la protección de datos, que en su performance lanzan alaridos de horror ante cualquier limitación a dicho derecho, como también por los abogados de las grandes empresas tecnológicas, como Google, que con la desfachatez que les es usual, apuntan a una supuesta sobrerregulación legal como causa de los obstáculos para combatir la pandemia.

Se trata de un debate falso y con argumentos artificiales centrados en la mirada parcial del sistema jurídico. La verdad es que no existe una contradicción entre ellos o, dicho de otra forma, no es que haya que sacrificar a uno en beneficio del otro: ambos se encuentran insertos dentro del mismo sistema jurídico y, lo que no hay que hacer, es circunscribir la discusión a una ley específica o a un Código determinado, sino que hay que interpretar sistemáticamente todo nuestro ordenamiento jurídico. Leer más

¿Qué es lo realmente secreto del «Informe Big Data» del Gobierno?

Como es de público conocimiento el día 19 de diciembre de 2019 el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, entregó al Fiscal Nacional un documento con “información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología Big Data”.

El documento, que mediáticamente pasó a ser conocido como “Informe Big Data”, contenía información clara de organizaciones foráneas que incentivan la violencia política, según sostuvo la Ministra Secretaria General de Gobierno, y estaba totalmente en línea con las afirmaciones del Presidente de la República, quien ya había anunciado que Chile se encontraba en guerra con un enemigo poderoso y que el malestar social y la violencia han sido orquestados por una intervención extranjera. Leer más