La semana pasada una noticia irrumpió: el Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó que tres funcionarios chilenos habían sido sancionados con el retiro de sus visas para ingresar a ese país.
No se informó públicamente quiénes eran. Sin embargo, la descripción resultaba elocuente: ellos habían “dirigido, autorizado, financiado, brindado apoyo sustancial y/o llevado a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.
Traducido al lenguaje político real, la medida no apunta a conductas delictivas, sino a decisiones estratégicas de Chile en materia de infraestructura digital. Y el trasfondo es evidente: el proyecto de consolidar a Chile como un hub digital de Latinoamérica, conectado directamente con Asia —y particularmente con China— mediante fibra óptica submarina. Y los intentos de dificultarlo por parte de terceros paises.
¿Qué es un hub digital?
Un hub digital no es un eslogan ni una etiqueta de marketing. Es, en términos simples, un proyecto de largo aliento que busca establecernos como el punto de interconexión estratégica de redes, datos, servicios y plataformas que permitirá a Chile transformarse en nodo relevante del tráfico digital regional y global.
Así como los grandes puertos concentran comercio físico y los aeropuertos conectan continentes, un hub digital articula flujos de información, reduce latencias, multiplica rutas y crea economías de escala en infraestructura tecnológica.
Ser hub implica algo más que tener buena conectividad doméstica. Supone contar con enlaces internacionales redundantes, centros de datos de gran escala, puntos de intercambio de tráfico de Internet técnicamente sólidos, estabilidad regulatoria y condiciones energéticas competitivas.
¿Por qué Chile aspira a ser el hub de Latinoamérica?
Chile reúne condiciones objetivas que sustentan esa aspiración. Cuenta con estabilidad institucional, un marco normativo alineado con estándares internacionales exigentes —incluida su reciente legislación en materia de protección de datos—, una amplia red de tratados comerciales con marcada proyección hacia el Asia-Pacífico, abundante disponibilidad de energías renovables y zonas geográficas, especialmente en el sur del país, climáticamente idóneas para la instalación y operación eficiente de centros de datos.
En una economía digital donde la baja latencia, la continuidad operacional y los costos energéticos competitivos son variables críticas, estos factores constituyen ventajas comparativas reales. No se trata de atributos retóricos, sino de condiciones estructurales que otros países de la región no necesariamente comparten en igual medida.
Sin embargo, aspirar a convertirse en un hub regional exige cumplir una condición básica: disponer de conectividad internacional directa, diversificada y resiliente con los principales centros económicos del mundo. Chile necesita mantener y fortalecer sus enlaces con Estados Unidos, pero también desarrollar conexiones propias hacia China, Europa, Oceanía y, en el mediano plazo, África.
La lógica no es sustituir una dependencia por otra, sino evitar cualquier dependencia estructural. No basta con transitar por rutas únicas o concentradas; la seguridad y la competitividad exigen multiplicidad de caminos, redundancia estratégica y capacidad de decisión autónoma sobre la infraestructura crítica que sostiene nuestra inserción digital en el mundo.
La importancia de conectar con múltiples polos
La experiencia internacional demuestra que el control efectivo de la infraestructura es condición necesaria para definir los estándares de seguridad que la rigen. Europa lo aprendió tras episodios que evidenciaron su dependencia estructural de rutas digitales bajo jurisdicciones ajenas. Para reducir esa vulnerabilidad, fue necesario desplegar infraestructura propia: cavaron zanjas desde Chile hacia Brasil y, desde allí, un cable submarino directo a Portugal, materializado en el proyecto EllaLink.
No se trató de una decisión ideológica, sino técnica y estratégica: menor latencia, mayor autonomía operativa, disminución de riesgos sistémicos y capacidad real de control sobre la seguridad de los datos.
En el ámbito del Pacífico Sur, Chile ya enfrentó una discusión semejante. Durante la administración del presidente Sebastián Piñera, el proyecto de cable hacia China fue rediseñado tras presiones diplomáticas, privilegiándose una ruta hacia Oceanía, iniciativa cofinanciada por Google. Esa alternativa mejoró la conectividad regional, pero no cumplió el objetivo estratégico original: establecer una conexión directa con Asia continental. En los hechos, Chile no obtuvo un enlace directo y confiable.
Para una economía que concentra una porción sustantiva de su comercio en Asia, depender estructuralmente de rutas indirectas no constituye una solución óptima. La redundancia en infraestructura crítica no es un lujo tecnológico; es una política pública elemental en términos de seguridad digital, resiliencia y competitividad internacional.
¿Qué ventajas obtendría el país?
Convertirse en un hub digital no es una aspiración simbólica, sino una decisión con efectos económicos y estratégicos muy concretos. En primer lugar, permitiría atraer inversión en centros de datos y servicios en la nube, con la consiguiente generación de empleo altamente calificado y la creación de encadenamientos productivos en sectores tecnológicos y energéticos.
Asimismo, implicaría una reducción significativa de costos y de latencia para las empresas locales, especialmente aquellas intensivas en el uso de datos —como la minería inteligente, las fintech, el comercio electrónico o los desarrollos en inteligencia artificial—, mejorando su competitividad internacional.
Desde una perspectiva de seguridad, contar con múltiples rutas y puntos de intercambio robustos aumentaría la resiliencia frente a fallas técnicas, interrupciones físicas o tensiones geopolíticas. La redundancia en infraestructura digital es, en este ámbito, una herramienta básica de gestión del riesgo.
Finalmente, posicionaría a Chile como un nodo estratégico regional, capaz de servir como punto de tránsito de datos para otros países sudamericanos, reforzando su influencia económica y tecnológica en el continente, además de su participación en múltiples proyectos de investigación y desarrollo.
En definitiva, no se trata de “elegir bando” en un escenario internacional tensionado, sino de diseñar una infraestructura que permita al país competir en la economía digital con estándares adecuados de eficiencia, autonomía y seguridad.
Las dificultades que enfrentamos
El camino, desde luego, no está exento de obstáculos; el primero —y quizás el más visible— es la tensión geopolítica. Las grandes potencias han comprendido que la infraestructura digital es poder estratégico: quien controla rutas, nodos y estándares controla flujos económicos, información y capacidad de influencia. En ese contexto, cada decisión sobre cables, centros de datos o puntos de intercambio deja de ser un asunto meramente técnico para convertirse en un gesto interpretado en clave de alineamientos.
Sin embargo, esas disputas responden a guerras de influencia que exceden la escala y los intereses de un país como el nuestro. No son conflictos originados en Chile ni diseñados en función de nuestro desarrollo. Cuando se nos presiona para optar por una ruta u otra, lo que está en juego no es nuestra seguridad nacional en sentido estricto, sino el equilibrio estratégico entre actores globales. Si aceptamos sin reflexión esas lógicas externas, el resultado probable no será mayor protección, sino una reducción de nuestras expectativas de crecimiento y de nuestra capacidad de insertarnos competitivamente en la economía digital.
El segundo obstáculo es más prosaico, pero igualmente decisivo: la magnitud de la inversión y los plazos de ejecución. Los cables submarinos y la infraestructura asociada son proyectos intensivos en capital, con horizontes largos de retorno y una compleja coordinación público-privada. Exigen estabilidad regulatoria, claridad estratégica y una narrativa país coherente que otorgue confianza a inversionistas y operadores internacionales.
El tercero es el capital humano. Sin profesionales especializados en redes, ciberseguridad, operación de infraestructuras críticas y servicios digitales avanzados, la mera existencia de cables y centros de datos no se traduce en valor agregado real. La infraestructura física es condición necesaria, pero no suficiente: requiere ecosistemas de innovación, formación técnica avanzada y políticas públicas que acompañen su despliegue.
En síntesis, los desafíos son reales y no deben subestimarse. Pero tampoco conviene confundir las tensiones externas con límites intrínsecos de nuestra capacidad como país. La pregunta no es si el entorno internacional es complejo —lo es—, sino si estamos dispuestos a asumir que el desarrollo digital implica tomar decisiones soberanas en un escenario donde el poder global se disputa, aun cuando esa disputa no tenga como protagonista a Chile.
Una discusión estratégica, no emocional
La conversación sobre conectividad internacional no debería degradarse en consignas ni en antagonismos simplificados. No se trata de simpatías ideológicas ni de afinidades circunstanciales. Internet fue concebido como una red de redes: una arquitectura distribuida, descentralizada y resiliente. Convertirla en un sistema de dependencia de otros Estados contradice su lógica técnica y empobrece su potencial estratégico.
En un entorno donde la infraestructura digital determina la competitividad económica, diversificar rutas no es una provocación ni un gesto político; es una decisión racional de gestión del riesgo. La interconexión directa con Asia, Estados Unidos, Europa y, en el mediano plazo, con África no responde a impulsos emocionales, sino a una visión de país que comprende que los flujos de datos son hoy tan determinantes como lo fueron en su momento las rutas marítimas o los corredores energéticos.
Si Chile aspira a algo más que a consumir servicios digitales diseñados y controlados en otras latitudes, debe proponerse convertirse en un nodo relevante del tráfico global. Eso supone asumir costos, resistir presiones y comprender que el desarrollo implica tomar decisiones estratégicas incluso cuando el entorno internacional es complejo.
Porque en el siglo XXI, quien no define sus propias rutas digitales termina transitando, inevitablemente, por los caminos que otros le han delimitado.