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Captura masiva de datos personales por Subtel y su aprobación por el Consejo para la Transparencia

Lo primero que me gustaría que el lector tuviera presente es que en junio de 2018 se modificó nuestra Carta Magna para establecer que, a partir de ese momento, la Constitución Política asegura a todas las personas el derecho a la protección de datos personales, que cobra el carácter de fundamental.

¿Por qué tuvo que ser protegido de esa manera? Porque debido al desarrollo de las tecnologías de la información, crecientemente las personas estaban siendo víctimas de abusos: “alguien” creía saber “algo” de ellas, y tomaba una decisión a su respecto; no se sabía de qué información se trataba, ni quien tomaba las decisiones, pero los duros hechos revelaban que, arbitrariamente, a las personas se les despedía de sus trabajos, se les negaban créditos, las ISAPRES alegaban “preexistencias” imaginarias y un largo listado de sinsabores. Leer más

Las «notarías electrónicas», según la Corte de Apelaciones de Santiago.

Como muchos bien recordarán, en agosto pasado la notario público Valeria Ronchera, ley de firma y documento electrónico en mano, digitalizó sus servicios, lo que fue el punto de partida de una áspera batalla y debate público con la Asociación de Notarios y Conservadores, que pedía a gritos su cabeza, básicamente, por constituir una amenaza para las reglas de funcionamiento del millonario negocio de la fe pública.

De hecho, la notario Ronchera se había dotado de la tecnología necesaria para crear escrituras públicas e instrumentos privados digitales, en condiciones plenamente compatibles con el texto del Código Orgánico de Tribunales.

La castaña caliente cayó en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago, que paralizó todos los servicios notariales digitales hasta el pasado 23 de febrero recién pasado cuando, sin hacerse cargo de la sangre en el agua, resolvió establecer ciertas reglas generales “con el objeto de regular y uniformar el uso de herramientas informáticas en los oficios notariales”, normas que en definitiva no contentaron a nadie, pero que han sido acatadas por los actores del mercado para no escalar la discusión a la Corte Suprema, donde el escenario de las decisiones posibles es incierto.

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Nuevos derechos para una nueva Constitución: It’s a Trap!

En la película El Regreso del Jedi, las fuerzas rebeldes al imperio planean la destrucción de la colosal arma conocida como Estrella de la Muerte y, envalentonados con sus éxitos previos y el escenario que creían conocer, dan inicio al ataque final.

Tarde se da cuenta el almirante Ackbar que la oportunidad que se les abre en realidad es una trampa, un carísimo error que le hará perder el grueso de sus fuerzas. Y su frase “It’s a Trap!” ya es un meme de Internet.

Y lo mismo puede ocurrir con la nueva Constitución: los esfuerzos por alcanzar una nueva carta fundamental puede llevarnos a que la ciudadanía y los constituyentes crean que este es el momento para discutir nuevos derechos, como el del acceso al agua como un bien común a todos los chilenos, o como el acceso universal a Internet.

Pero centrarse en estos derechos, creer que esto es lo importante y enfocarse en ello, es una trampa en la que no debe caerse. Leer más

Sentencias horrorosas: el “derecho al olvido” en el caso de Herval Abreu

El asunto parte así: en 28 de abril de año 2018, en pleno auge del movimiento Me Too, el diario El Mercurio recogió una serie de denuncias contra un productor de televisión por abuso de poder y/o abuso sexual, las que fueron investigadas por el Ministerio Público y, en definitiva, desestimadas en diversas instancias, lo que nos conduce a que, por aplicación del principio de inocencia, dicho productor se presume inocente, pues su responsabilidad no fue demostrada.

Esta noticia, en que se le presenta como abusador sexual, fue recogida e indexada por los buscadores Bing (de Microsoft) y Google, que incorporaron tal información en sus bases de datos, vinculando los conceptos de abuso sexual a la persona del productor. Leer más

La autorización notarial de instrumentos privados a distancia

Como muchos sabrán, existe un importante conflicto entre los notarios, que ha alcanzado ribetes judiciales, respecto de la manera de autorizar instrumentos privados sin la comparecencia física de los interesados en la Notaría, pero no es de esa disputa específica que les quiero hablar, sino del fondo jurídico de la discusión.

Contradiciendo lo señalado, partiré con estas explicaciones desde una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago relativa al caso, en la cual, por precaución y sin resolver el fondo, ordena a las notarías de la ciudad a ceñirse solo a las prescripciones del Código Orgánico de Tribunales cuando autoricen instrumentos privados, ignorando las demás leyes del ordenamiento jurídico.

Y, como ustedes bien recuerdan, los instrumentos privados son aquellos documentos escritos que dan cuenta de un hecho, como es el caso de los finiquitos, los contratos de arrendamiento de viviendas, los poderes para cobrar pensiones a través de un tercero, las declaraciones juradas de cualquier tipo, y, en general, todos aquellos que ordinariamente solo interesan a los particulares. Leer más

El razonamiento jurídico detrás de la guerra de los notarios por el uso de tecnologías de identificación

Como muchos sabrán, así sea porque se enteraron por la prensa, existe un conflicto judicial entre la notario Valeria Ronchera, de la Décima Notaría de Santiago, y la Asociación de Notarios y Conservadores, lo que ha llevado a la Corte de Apelaciones de Santiago, en una resolución insólita para el siglo XXI, a decidir: «Instrúyase a todos los notarios de la jurisdicción a que se abstengan de utilizar cualquier sistema computacional implementado en sus oficios para autorizar instrumentos privados de cualquier naturaleza, debiendo atenerse únicamente a las normas que al efecto establece el Código Orgánico de Tribunales».

La resolución está plagada de problemas como, por poner un par de ejemplos, que el caso fue revisado sin ponerlo en la tabla de asuntos del día o también el reconocimiento expreso de que desconocen las normas aplicables a la materia sobre la que están decidiendo, por lo que piden a otros que les informen al respecto, pero no es eso de lo que les quiero hablar, sino del fondo jurídico de la discusión.

El punto de partida es que la Corte de Apelaciones de Santiago ordena a las notarías de la ciudad ceñirse a las prescripciones del Código Orgánico de Tribunales (como tiene un nombre poco agraciado, en adelante le llamaremos COT) cuando autoricen instrumentos privados, que son aquellos documentos escritos que dan cuenta de un hecho, como es el caso de los finiquitos, los contratos de arrendamiento de viviendas, los poderes para cobrar pensión por un tercero, las declaraciones juradas de cualquier tipo, y, en general, de todos aquellos documentos que solo importan a los particulares. Leer más