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¿El CSIRT del Ministerio del Interior es un censor de Internet?

En las redes sociales de los activistas informáticos ha aparecido un documento singular. Se trata de un supuesto correo electrónico del asesor legal del Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática del Ministerio del Interior (CSIRT) en la cual, en nombre del Gobierno de Chile, se dirige a un prestador de servicios de hosting de Alemania exigiéndole la bajada de un sitio web.

Quiero ser muy claro en esto: no tengo la certeza de que el documento sea auténtico, pues si bien la identidad y cargo de quien suscribe el requerimiento se corresponde con el de un empleado del Estado de dicha repartición, el contenido es muy irregular, e incluso utiliza un lenguaje que no reconozco como propio de la profesión.

La misiva publicada, dirigida a la empresa alemana Hetzner, dice:

«En nombre del Gobierno de Chile, le solicitamos que elimine el dominio https://www.opchile.org/ (…) está alojando un dominio ciberterrorista que pertenece a ANONYMOUS (…) El dominio se está utilizando para promover ataques cibernéticos contra la infraestructura crítica del Estado chileno, distribuir información confidencial, hacer amenazas, incitar al odio, la violencia y las noticias falsas, distribuir malware, violación de derechos de autor y otras actividades (…) y está obligado a eliminar el dominio específico debido a la DMCA (Digital Millennium Copyright Act), pues el video del sitio web infringe los derechos de autor del Gobierno de Chile [logotipo]»

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¿Y si el futuro fueran las cooperativas?.

Como el lector sabe en carne propia, Chile y su modelo económico es un diseño creado para ordeñarnos hasta nuestro último suspiro. Para llevar un nivel de vida aceptable no solo debemos soportar abusos de todo orden, sino que también es necesario contratar créditos que siempre estaremos pagando y, cuando ya no tengamos más capacidad de crédito por nuestra avanzada edad, probablemente terminaremos suicidándonos (después de la enfermedad, el suicidio es la causa más común de muerte entre los ancianos de nuestro país).

¿Podemos construir un escudo que nos mantenga aislados de esta particular rueda del destino nacional?.

Andrés Bustamante y Hanna Back Pyo han estado trabajando sobre esta idea y creen haber encontrado una salida, revisitando la idea de la organización económica y social en base a cooperativas, pero ahora con una vuelta de tuerca que antes era imposible. Leer más

Derecho a la salud vs. protección de datos personales: una polémica artificial

Desde hace semanas cobra fuerza un debate singular: aquel que, con ocasión de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, contrapone el derecho a la salud frente al derecho a la protección de datos personales, dicotomía alimentada tanto por los activistas de la protección de datos, que en su performance lanzan alaridos de horror ante cualquier limitación a dicho derecho, como también por los abogados de las grandes empresas tecnológicas, como Google, que con la desfachatez que les es usual, apuntan a una supuesta sobrerregulación legal como causa de los obstáculos para combatir la pandemia.

Se trata de un debate falso y con argumentos artificiales centrados en la mirada parcial del sistema jurídico. La verdad es que no existe una contradicción entre ellos o, dicho de otra forma, no es que haya que sacrificar a uno en beneficio del otro: ambos se encuentran insertos dentro del mismo sistema jurídico y, lo que no hay que hacer, es circunscribir la discusión a una ley específica o a un Código determinado, sino que hay que interpretar sistemáticamente todo nuestro ordenamiento jurídico. Leer más

¿Qué es lo realmente secreto del «Informe Big Data» del Gobierno?

Como es de público conocimiento el día 19 de diciembre de 2019 el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, entregó al Fiscal Nacional un documento con “información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología Big Data”.

El documento, que mediáticamente pasó a ser conocido como “Informe Big Data”, contenía información clara de organizaciones foráneas que incentivan la violencia política, según sostuvo la Ministra Secretaria General de Gobierno, y estaba totalmente en línea con las afirmaciones del Presidente de la República, quien ya había anunciado que Chile se encontraba en guerra con un enemigo poderoso y que el malestar social y la violencia han sido orquestados por una intervención extranjera. Leer más

Acusación constitucional: el capítulo sobre protección de datos explicado paso a paso

Esta no será una columna, sino que más bien una larga hilación en que analizaré, en lenguaje comprensible, los aspectos jurídicos más relevantes del capítulo sobre protección de datos personales del texto de la acusación constitucional formulada contra la Ministra de Educación, que tramita actualmente la Cámara de Diputados.

Mi objetivo es que idealmente los lectores, a partir de estas explicaciones, puedan analizar críticamente cualquier otro caso que se presente en el futuro a la luz de los estándares internacionales de protección de datos personales, pudiendo notar por sí mismos cuándo les están diciendo la verdad y cuándo no. Leer más

La segunda traición del Consejo para la Transparencia

El año 2010 escribí una columna, publicada por el diario «El Mostrador», en que denunciaba que, en nombre de la transparencia pública, el Consejo para la Transparencia había optado por transgredir el tenor literal de la ley electoral a fin de entregar a todos los interesados (la banca y las compañías de seguros, entre ellos) los datos electorales de los chilenos, incluso los denominados sensibles, que son aquellos respecto de los cuales su solo conocimiento por el público, permite practicar discriminaciones arbitrarias respecto de las personas, como son los datos sobre discapacidades.

Ahora el Consejo para la Transparencia ha dado un paso más allá, pasando derechamente a la voluntariedad política, pues aun cuando proclama a los cuatro vientos que ella es una institución que se ocupa de proteger los datos personales de todos los chilenos (los que están en poder de la Administración Pública), no está dispuesto a cumplir ese rol si con ello tocan a una autoridad política de su preferencia.

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