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De la calle a lo digital: por qué la seguridad pública (tecnológica) debe estar en la Constitución

La Fundación Encuentros del Futuro pidió a un grupo de expertos imaginar iniciativas de muy diverso tipo en materia de seguridad pública, pensando en el Chile del año 2050. Motivado por esa invitación, elaboré cuatro propuestas, y aquí les presento la primera: incorporar en la Constitución la seguridad pública como un derecho fundamental de los chilenos, estableciendo la obligación estatal de garantizar entornos seguros apoyados en sistemas tecnológicos.

Durante décadas hemos discutido —por muy buenas razones— sobre derechos fundamentales: educación, salud, vivienda, libertad de expresión. Pero, frente a los avances tecnocientíficos, resulta evidente que hay un derecho que ya no puede seguir ausente: el derecho a la seguridad pública. Leer más

¿Y si la Contraloría estuviera acusando a funcionarios públicos con pruebas ilícitas?

El 5 de agosto de 2025 la Contraloría General de la República envió a los jefes de servicio de todo el país unas listas muy peculiares: los nombres de los funcionarios públicos que habrían asistido a casinos de juego mientras estaban con licencia médica. La instrucción es clara: iniciar de inmediato “los procedimientos administrativos de rigor, destinados a determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades comprometidas en estos hechos”.

Hasta ahí, todo parece una forma de combate a la corrupción administrativa, pero surge una pregunta obvia: ¿por qué la Contraloría tiene un listado de quienes visitan los casinos? ¿Y de dónde lo sacó?

La respuesta viene en el mismo oficio: esos registros fueron facilitados por la Superintendencia de Casinos de Juego. Y ahí fue cuando me cayó la teja: parece ser que estamos ante prueba ilícita, es decir, información obtenida vulnerando derechos fundamentales. Leer más

La Contraloría General de la República y el control de asistencia biométrico: una fórmula cara e ilegal

El 22 de julio de 2025, la Contraloría General de la República emitió el Oficio N° E123145, ordenando a los servicios públicos modernizar sus sistemas de control de asistencia. Entre las opciones propuestas se incluyen tarjetas electrónicas, aplicaciones móviles y sistemas biométricos, como huellas digitales o reconocimiento facial.

Pues bien, al menos en lo que respecta a la biometría, mi consejo es claro: no siga esa instrucción, pues va a perjudicarle. Hacerlo no solo expone al servicio a pérdidas económicas, sino que pone en serio riesgo el cargo de su jefe superior. Veamos por qué. Leer más

A propósito de princesas: límites de la videovigilancia en centros comerciales

Ha ocurrido un hecho singular: la princesa de Asturias visitó el centro comercial Zona Franca en Punta Arenas y la administración del establecimiento, tal como ha reconocido públicamente, la grabó en video y no tuvo idea más feliz que entregar dichas imágenes a los medios de comunicación social (“Las imágenes que han circulado fueron entregadas a los medios de comunicación previa solicitud a Zona Franca de Punta Arenas con fines periodísticos”, según el comunicado del establecimiento que publica Hola!).

Entonces, de acuerdo a lo que informa el diario El País, la Casa Real española pidió a la embajada en Chile denunciar la infracción de la normativa de protección de datos personales por parte del centro comercial.

Desde un punto de vista jurídico, lo que ha ocurrido es fácil de explicar, aun cuando el comportamiento del establecimiento comercial sea inexplicable:

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El misterio de los académicos que creen que la nueva ley de protección de datos personales impide la publicidad de las sentencias

Hace algunas horas me enviaron un correo muy curioso: es una carta colectiva disponible en línea y abierta a la suscripción destinada a ser enviada al Ministro de Justicia y a los presidentes de ambas cámaras del Congreso, promovida por un grupo de profesores de Derecho que cuestionan el contenido del proyecto de ley de protección de datos, recientemente aprobado en Comisión Mixta.

Invitan a firmarla sosteniendo en el email remisor que «El artículo 25 del Proyecto regula el tratamiento de datos relativos a infracciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias, permitiendo que estos sean tratados únicamente por organismos públicos. Esta norma, desafortunadamente, excluye el acceso libre a la jurisprudencia judicial y administrativa», cuestión que es absolutamente falsa, según explicaremos más adelante.

Sostienen además que la nueva ley de protección de datos es una «restricción a la publicidad de las decisiones judiciales y administrativas, lo que socava un pilar fundamental del Estado de Derecho».

Por alguna razón que se me escapa, estos académicos parecen creer que, con la nueva ley, las sentencias dejarán de ser públicas, ¡pero esto no es para nada cierto! Leer más

Nuevos derechos para una nueva Constitución: It’s a Trap!

En la película El Regreso del Jedi, las fuerzas rebeldes al imperio planean la destrucción de la colosal arma conocida como Estrella de la Muerte y, envalentonados con sus éxitos previos y el escenario que creían conocer, dan inicio al ataque final.

Tarde se da cuenta el almirante Ackbar que la oportunidad que se les abre en realidad es una trampa, un carísimo error que le hará perder el grueso de sus fuerzas. Y su frase “It’s a Trap!” ya es un meme de Internet.

Y lo mismo puede ocurrir con la nueva Constitución: los esfuerzos por alcanzar una nueva carta fundamental puede llevarnos a que la ciudadanía y los constituyentes crean que este es el momento para discutir nuevos derechos, como el del acceso al agua como un bien común a todos los chilenos, o como el acceso universal a Internet.

Pero centrarse en estos derechos, creer que esto es lo importante y enfocarse en ello, es una trampa en la que no debe caerse. Leer más